El atraso de las universidades públicas es un problema

No se trata únicamente de un cambio cuantitativo en el mapa universitario español, sino de un indicador de emergencia por la pérdida de centralidad de la universidad pública en la enseñanza superior.

Mientras el sector privado ha sabido detectar nichos emergentes, diversificar su oferta y responder con celeridad a las prioridades de un entorno en transformación meteórica, la universidad pública continúa atrapada en inercias organizativas que comprometen su capacidad de adaptación.

El problema, por tanto, no reside en el crecimiento del ámbito privado (previsible en un contexto de competencia global por el talento), sino en la incapacidad del entramado estatal para reformular sus objetivos y reconfigurar sus estructuras sin renunciar a su vocación de servicio.

"Mientras la privada ha sabido responder con celeridad a las prioridades del entorno, la pública continúa atrapada en inercias organizativas que comprometen su adaptabilidad"

Quienes trabajamos en la universidad pública verificamos que carece de la agilidad precisa para dar respuesta al tejido productivo, que es quien, en última instancia, la sostiene, por mucho que algunos se empeñen en que sea una torre de marfil sin injerencias externas.

El problema no son las universidades privadas (Francia o Alemania tienen más), sino el armazón jurásico de las públicas, que disparan con pólvora del Rey pero sin introducir alteraciones en su catálogo formativo que se adecúen a la realidad socioprofesional y del alumnado.

No se trata de convertir las aulas en negocios (existen disciplinas que aportan valor cultural, crítico o científico fundamental, aunque no tengan una salida comercial inmediata), sino de evitar que la universidad sea un balneario administrativo sostenido por un contribuyente al que no se le rinden cuentas (la gratuidad del servicio no justifica su ineficiencia ni incomparecencia).

La Universidad pública no está infrafinanciada en todos los casos.

Pero sí está fuertemente comprometida por un modelo rígido en el que el incremento del profesorado (ratio medio de 12 alumnos por docente, frente a los 18 de la privada) y de los costes de la arquitectura institucional no ha ido acompañado de una mayor eficacia, ni de un reajuste a la caída de la demanda.

El resultado es un campus con poco margen de maniobra, que percibe escasez incluso cuando el presupuesto aumenta.

Nos encontramos con una universidad sobrerregulada, donde la autorización de un título debe superar un trámite anacrónico (demora de dos a tres años) que contrasta con el dinamismo empresarial para seguir compitiendo.

El resultado es que algunos grados se aprueban cuando el esquema instructivo ya ha cambiado de paradigma, convirtiendo la titulación en un ejercicio de arqueología académica desde su origen.

A este laberinto administrativo y a la falta de compromiso institucional y personal se añade un mal crónico: la endogamia persistente.

"Una institución que apenas innova ni contribuye a resolver problemas reales reduce la producción académica a un ejercicio estéril sostenido por el contribuyente"

Mientras la empresa compite por el talento global, hay una parte de nuestra universidad que consiente la apatía académica, que afortunadamente coexiste con una élite científica (muy competitiva en publicaciones), donde el mérito real claudica ante dinámicas internas que reducen la exigencia (LOSU, 2023).

Esa falta de empeño en una parte de la Universidad pública con su comunidad se plasma a veces en un personal docente e investigador (PDI) desvinculado de la pesquisa, del debate académico y de la transferencia de conocimiento, lo que vacía de sentido su función social.

Una institución que patenta poco, apenas innova ni contribuye a resolver problemas reales del territorio reduce la producción académica a un ejercicio estéril y sostenido por el Estado y las autonomías (95% de las partidas).

Quebrar esta dinámica exige reforzar y articular la ligazón real entre la universidad y su entorno, mediante la captación de más fondos a través de concursos y convenios de colaboración con entes regionales, nacionales e internacionales, así como con empresas, ofreciendo servicios de calidad en aquellas áreas donde no se ejerza competencia desleal, contribuyendo al excedente financiero de los departamentos más competitivos.

Consecuentemente, no hay más tiempo para excusas.

O la universidad pública asume que su legitimidad nace de la utilidad social y de la excelencia, o constituirá una red de seguridad para la mediocridad financiada por una colectividad que ya no la reconoce como motor de progreso ni ascensor social.

En definitiva, el crecimiento de las universidades privadas en España no obedece a que sean "chiringuitos" (como afirma el presidente del Gobierno, egresado en ellas), sino a que proporcionan una formación y empleabilidad por las que muchos alumnos se inclinan y las familias muestran su disposición a pagar, incluso frente a la oferta casi gratuita de las universidades autonómicas.

Las universidades de titularidad privada sólo están ocupando el espacio que las públicas han decidido abandonar irresponsablemente.

*** Julián Mora Aliseda es catedrático de Universidad.