Por qué España no tiene una TV pública como la BBC

Después de que el Gobierno haya forzado la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente del Consejo de Administración y de la Corporación RTVE, tiene sentido recuperar las palabras de Garea. ¿Es posible una radiotelevisión pública que no sea una radiotelevisión del Gobierno?

Y, si el diseño de una RTVE independiente no es una quimera, ¿cuál sería la fórmula para lograrla?

Sede de los servicios informativos de RTVE, en Torrespaña, Madrid.

En primer lugar, es forzoso preguntarse por la razón de ser de una televisión pública. Y más en un momento en que las groseras injerencias políticas y los bajos niveles de audiencia y de rentabilidad parecen dar la razón a los sectores más liberales, que piden la supresión de un medio estatal financiado con impuestos y que no tiene correspondencia en la prensa escrita.

La justificación elemental de la televisión pública parte de la idea de la información como bien público por su papel clave en la formación de la opinión pública y la mediación del proceso político.

Así, en tanto que bien esencial de interés económico general, debería ser suministrado como un servicio público y garantizado por el Estado como un derecho. Esta es la idea detrás del artículo 20.1 de la Constitución Española: "[Se reconoce y protege el derecho] a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".

Se entiende, por tanto, que la única forma de garantizar este derecho de acceso a la información es mediante un servicio de radiotelevisión pública. Una que, para cumplir con su misión, debe regirse por los principios de independencia (tanto del poder económico como del político); neutralidad; universalidad (la garantía del acceso de los grupos sociales significativos); calidad (el enriquecimiento de la cultura audiovisual de la ciudadanía); rentabilidad social; pluralismo (una cobertura geográfica, social y cultural de todos los sectores de la sociedad, que sea igualitaria, completa y generalista); y diversidad (dar voz a quienes no la tienen en el ecosistema de medios privados).

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Una televisión de titularidad pública puede concebirse también como un corrector de los fallos del mercado. Un contrapoder público a la creciente concentración oligopólica del mercado mediático en grandes emporios audiovisuales.

Además, tiene sentido como elemento aglutinador en un marco de creciente fragmentación del mercado audiovisual. Y análoga función uniformadora es la que la televisión tiene a la hora de fomentar la cohesión social y cultural, y la vertebración territorial. Su papel como formador de la identidad comunitaria es especialmente apreciable en las televisiones autonómicas y locales.

Sobre el papel, el concepto ideal de radiotelevisión pública resulta cabal. La cuestión está en cómo lograr materializar esa definición teórica. Algo que, evidentemente, nunca ha sucedido en España.

A partir de las reflexiones de estudiosos de la comunicación, teóricos del periodismo y críticos de televisión, es posible indicar, al menos, tres vías de reforma para la radiotelevisión pública española.

1. Formas de administración autónoma

La ley 17/2006 marcó el inicio de una prometedora nueva etapa para RTVE con la institución de la Corporación RTVE. Con la dotación de un régimen jurídico autónomo, pasó a ser institucionalmente independiente del Gobierno. La creación del Consejo de Informativos, como órgano de representación profesional, permitía ahondar en este régimen de autonomía.

El problema es que esta ley también establecía el sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración por las Cortes Generales. Los sucesivos episodios de bloqueo parlamentario que han afectado a la renovación de la cúpula de RTVE, y las tres modificaciones normativas de la ley en los últimos diez años para intentar solventar esta parálisis, evidencian lo indeseable de este modelo de designación.

Porque los nombramientos de los consejeros mediante cuotas parlamentarias entrañan la ironía de que, como recordaba Pío Cabanillas, "se convierte en objeto de disputa qué políticos o cuántos políticos controlan la televisión pública, cuando en realidad de lo que se trata es precisamente de lo contrario: conseguir alejar a los políticos de la televisión pública".

Esta misma semana hemos podido comprobar que la comprensión del pluralismo que tienen los partidos es la de la representación corporativista de su cuota ideológica en los órganos públicos. En la conversación entre Pablo Iglesias y Carmen Calvo de El Ágora de Hora 25 del pasado lunes, los dos exvicepresidentes reconocían sin rebozo que la elección de la cúpula de RTVE sirvió como moneda de cambio para el acuerdo entre Gobierno y PP para la renovación del CGPJ.

También defendieron que los minutajes de RTVE debían determinarse, más allá de los periodos de campaña electoral, con arreglo al criterio proporcional de los resultados electorales, para la estupefacción de un incrédulo Aimar Bretos, que insistía en reconocerle a los profesionales la capacidad para fijar la escaleta con base en el principio de interés informativo objetivo.

Para intentar escapar de la colonización política de la cúpula de RTVE que promueve este esquema, la ley 5/2017 emplazaba a las Cortes Generales a aprobar una nueva normativa para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación RTVE y del Consejo por concurso público y con la participación de un comité de expertos. Un compromiso de resolución que quedó enterrado por el real decreto ley 4/2018.

Por eso, a raíz de la última y enésima crisis en RTVE, el Consejo de Informativos ha pedido en un comunicado reactivar la modalidad del concurso público. Una fórmula que, sin prescindir del control parlamentario necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos que RTVE tiene asignados por ley, permitiría primar el mérito y la capacidad de los profesionales aspirantes sobre los repartos partidistas, como sucede con el director general de la BBC.

Un sistema que permitiría recuperar y culminar los principios de independencia y pluralidad y acabar con la provisionalidad permanente que afecta a la dirección de RTVE.

Es obligado recordar que no hay ninguna radiotelevisión pública en el mundo cuyo presidente sea nombrado mediante cuotas por el Parlamento. El concurso público (sumado a otras medidas como las mayorías reforzadas en las Cortes o los mandatos de seis años para el presidente de RTVE) permitirían la despolitización de la dirección, la gestión y la edición, y avanzar hacia nombramientos de mayor consenso. 

2. Modelo de financiación mixta

La autonomía de la Corporación también pasa por la autonomía financiera y por una financiación diversificada y estable. Algunos de los expertos consultados por la Revista de la Asociación de la Prensa de Madrid, en su número de 2012, proponían la vuelta a la financiación mixta de subvención estatal y publicidad

No es descabellado dotar a RTVE de un marco económico que tenga también una participación parcial en el mercado publicitario, pudiendo admitirse fórmulas de patrocinio y explorarse nuevas formas de comercialización de programas y explotación de derechos televisivos.

Otra opción sería la financiación por cuotas, teniendo en cuenta que España es el único país de la UE en el que no hay canon para financiar la televisión pública, sino que se paga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La BBC, el espejo en el que siempre quieren mirarse los defensores de una tele estatal de calidad, se financia mayoritariamente mediante el pago de una licencia por uso de 159 libras (178 euros). En contraste, RTVE supone un coste anual de tan sólo 19,8 euros para cada ciudadano español.

Y es que no es sólo una cuestión de modelos administrativos lo que diferencia la prestigiosa BBC de nuestra RTVE. Los británicos tienen una larguísima tradición social, cultural e institucional de televisión pública que hace que no se la entienda como un instrumento para la confrontación política.

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Una arraigada cultura política que hace que los británicos entiendan los servicios informativos públicos como una inversión y no como un gasto. ¿Estaríamos dispuestos los españoles a financiar una plantilla de más de 20.000 profesionales, frente a los 6.600 trabajadores de nuestra corporación? ¿Y a aumentar el presupuesto desde nuestros 900 millones de euros a los 5.000 millones que cuesta la BBC?

3. Revolución en los contenidos

Otra dimensión de la reforma hacia una RTVE sostenible, autónoma e influyente que no sea vista por las nuevas generaciones como un gasto innecesario es la que atañe a los contenidos.

Un aspecto en el que ha venido insistiendo el crítico televisivo Borja Terán, defendiendo que RTVE debe erigirse como la principal plataforma creativa del audiovisual español. Una televisión que busque formatos de entretenimiento que, sin renunciar a cosechar buenas audiencias, no aspire a la cuota de audiencia a toda costa con programas vulgares como los de la telebasura privada.

Y es que nadie mejor que RTVE puede permitirse arriesgar para encontrar formatos originales. Para ser una televisión líder, la pública tendrá que potenciar la producción propia, con películas y series generalistas, pero de calidad, como también hace con éxito la BBC.

RTVE tiene sobrados recursos para impulsar de forma competitiva la industria cinematográfica y audiovisual española. Una televisión que no se autoperciba como subsidiaria de la privada, sino que tenga una programación innovadora y que sea líder en la transformación tecnológica. Y que saque el máximo partido a su riquísimo archivo.

*** Víctor Núñez es periodista.