La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, durante una rueda de prensa.
Los árbitros que el Gobierno quiere en el Poder Judicial
La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, ha advertido de que el Gobierno puede cometer una infracción si mantiene la forma de elección del CGPJ. Pero el PSOE se resiste a perder el control de los jueces.
Un juez del Tribunal Supremo de los EEUU, Stephen Breyer, dice en un reciente ensayo que el Poder Judicial tiene la tarea de controlar las extralimitaciones del Legislativo y el Ejecutivo. La revisión judicial es así un choque entre los poderes constituidos, que son el Legislativo y el Ejecutivo, de un lado, y el soberano, del otro. El soberano es el pueblo, cuya voluntad se expresa en la Constitución.
Pilar Llop, ministra de Justicia, en el Congreso de los Diputados.
De acuerdo con esta idea, el Judicial no es un poder en contrapeso ni en choque constante con los otros dos, sino un árbitro en la tensión del pueblo soberano frente al Legislativo y al Ejecutivo. Es una garantía del pueblo soberano de que imperará la ley frente a los abusos y extralimitaciones de aquellos otros poderes.
Alejandro Nieto, catedrático de derecho administrativo, explica en su última obra, Equidad Judicial, que el juez que sabe manejar la equidad podrá firmar sentencias que frenen los abusos de los poderes públicos.
Nieto también piensa que los jueces controlan los abusos de los poderes públicos y, en particular, de la Administración. Razón por la que, recuerda, García de Enterría llegó a inventar el principio de la interdicción de la arbitrariedad, que entró en nuestra Constitución como principio general del derecho.
Cuando se habla de arbitrariedad, no se trata tanto de que los partidos políticos quieran asegurarse un resultado complaciente en el caso Gürtel, el de los ERE o el de la sedición independentista, sino de que quieren controlar la aplicación de sus leyes sobre política económica, igualdad, violencia de género, política energética, modelo lingüístico, modelo de escuela inclusiva, política penal u organización territorial, así como salvaguardar la integridad de las decisiones administrativas que ejecutan la ley.
En resumen, buscan que los jueces no anulemos sus decisiones ejecutivas de gobierno.
"El Consejo Consultivo de Jueces Europeos ha reclamado que la mitad al menos de los miembros del CGPJ sean elegidos por sus pares"
Los partidos políticos tienen una estrategia. Por eso es lógico que, cuando ejercen funciones legislativas y ejecutivas, pretendan que su diseño sea aprobado y ejecutado según su concepto teórico ideal. Con leyes y actos administrativos.
Sin embargo, cuando un particular, un colectivo o una parte de la población representada por un grupo político recurre a los tribunales contra esa ley o frente a un acto de aplicación de esa norma, los gobiernos y sus administraciones interpretan que peligraría su diseño político si los tribunales anularan dicha norma.
Y por eso los gobiernos buscan controlar las sentencias judiciales sobre sus decisiones legislativas o ejecutivas.
Son muchísimos los ejemplos. Pero sirva como paradigma de ello la sentencia 1505/2018 relativa al sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados, que supuso un giro radical en el criterio del Tribunal Supremo gracias al presidente de Sala, cuidadosamente elegido años antes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este es el motivo por el que los jueces deben ser independientes de los poderes políticos al aplicar y ponderar la ley en las controversias que afectan al pueblo soberano.
Es justo lo contrario de lo que ha sucedido en España. Durante más de cuarenta años, el intento de los poderes políticos (de todos los colores) de influir en la renovación del CGPJ y de controlar el nombramiento de los veinte vocales se inserta en este choque. Porque el Legislativo-Ejecutivo elige el CGPJ que elige a los jueces del Tribunal Supremo, entre otros jueces de las altas instancias judiciales.
Esta inercia contraviene numerosas recomendaciones del Consejo de Europa:
El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), en su último informe específico sobre el estado de la justicia en España de 30/9/21, dijo que este tema mina la confianza de los ciudadanos en los jueces porque afecta seriamente a la percepción de imparcialidad que tienen de ellos.
El Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en su opinión nº 24 (2021) sobre la evolución de los Consejos de Justicia, reclama que la mitad al menos de sus miembros sean elegidos por sus pares.
La Comisión de Venecia, formada por juristas independientes del Consejo de Europa expertos en derechos humanos, y que es consultada para escrutar la calidad democrática de los Estados, ha formulado informes en idéntico sentido al anterior.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Avance Pharma de 3 de febrero de 2022 condena a Polonia por tener, desde 2018, un sistema de elección de su órgano de gobierno judicial idéntico al español. Aquí era un particular quien pleiteaba y se le reconoció vulnerado el derecho de tutela judicial por juez independiente e imparcial.
Cuando el TEDH resuelva sobre las condenas por sedición a los políticos catalanes, ¿condenará también a España? Queda poco para saberlo, pero no apunta bien.
"El Tribunal de Justicia de la UE ha señalado con claridad que el sistema español de elección parlamentaria de vocales incumple la normativa europea"
En la Unión Europea también nos señalan el camino. El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en 2021 expresa su preocupación por la falta de renovación del CGPJ español. También afirma que deben tenerse en cuenta las normas europeas que establecen que al menos la mitad de sus miembros deben ser jueces nombrados por sus homólogos.
La aprobación del reglamento de 16 de diciembre de 2021 del Parlamento Europeo, cuyo objetivo es evitar la utilización de fondos comunitarios por parte de gobiernos de la Unión Europea que no respeten el Estado de derecho, confirma que no estamos ante una mera recomendación. Porque España se arriesga a perder las ayudas de la UE.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), desde la sentencia de 19 de noviembre de 2019 y la de 2 de marzo de 2021, señala con claridad que el sistema español de elección parlamentaria de vocales incumple la normativa europea y vulnera el derecho fundamental a un juez independiente e imparcial.
El TJUE se ha pronunciado respecto de Polonia y a raíz de recursos planteados por jueces polacos, a quienes ha dado la razón, pero su tesis es perfectamente trasladable a España. Por eso, tres jueces españoles, avalados por una treintena más, han dirigido una petición formal al CGPJ. Petición que puede ser el comienzo de un futuro recurso ante el TJUE. Es un largo viaje con el que quieren llegar a Europa, o que Europa llegue de verdad hasta aquí.
Lo han hecho animados por la postura del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y de su dirección general de justicia. Ambos cuestionaron públicamente la propuesta de reforma del CGPJ en otoño de 2020, cuando el Ejecutivo español quiso rebajar las mayorías cualificadas a mayorías simples para elegir a los veinte vocales.
Todavía hoy, Reynders mantiene un contacto permanente con el Ejecutivo español e insiste en la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para facilitar que los jueces escojan al menos a doce de los veinte vocales, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Venecia.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha avisado además durante su viaje a Madrid que el Gobierno español puede cometer una infracción si mantiene la forma de elección del CGPJ.
Para anular el riesgo de corporativismo, una asociación judicial ha diseñado un sistema electoral que impediría a los poderes políticos instrumentalizar a las asociaciones judiciales para copar las doce vocalías. Con dicho sistema, el resultado de que los propios jueces eligieran a doce vocales entre ellos no sería corporativo, sino representativo de la pluralidad en la carrera judicial, que es la misma que hay en la sociedad española actual.
Porque los jueces no son más que ciudadanos como los demás, pero que han superado una dura oposición. Los jueces salen de la misma masa social que médicos, policías o profesores. Así lo dicen los datos estadísticos, pese a que sectores interesados digan lo contrario.
Expuesto lo anterior, queda claro el camino de lo correcto. Pero las autoridades políticas españolas no rectifican públicamente. Reformar la LOPJ para que los jueces elijan doce vocales es muy fácil, pues se hace con un sencillo gesto que requiere 176 votos en el Congreso, mayoría simple. Pero han decidido perpetuar su control sobre el resultado de las sentencias y prevalecer en la pugna con el poder soberano del pueblo.
"La Dirección General de Justicia de la UE ha quedado vacante y el Gobierno ha logrado que la Comisión nombre como directora general a Ana Gallego Torres"
De este modo, el Gobierno lo apuesta todo a una rápida renovación del CGPJ. Pero, asimismo, en la sombra, maniobra para colocar a sus afines cerca de los organismos de decisión de la UE con el objetivo de revertir estas recomendaciones, que son ya exigencias que provienen de Europa.
No deben pasar desapercibidos dos movimientos. Uno es el reciente nombramiento de Óscar Sánchez Muñoz como primer suplente en la Comisión de Venecia. Óscar Sánchez es profesor de Derecho constitucional y no catedrático, como sería de esperar. Pero, sobre todo, su trayectoria es eminentemente política.
Óscar Sánchez fue diputado regional, secretario de las Juventudes Socialistas de Valladolid y formó parte de la Ejecutiva regional del PSOE en Castilla y León desde antes de 2011. Es alguien muy próximo al jefe de Gabinete de Presidencia actual de Pedro Sánchez, Óscar López. Es un perfil demasiado político para no suponer que el Gobierno español quiera contrarrestar los reproches que proceden de la Comisión de Venecia.
Ser primer suplente no es irrelevante porque el representante español titular, el catedrático español Rafael Bustos, y los dos suplentes se vienen repartiendo los temas en la Comisión de Venecia en igualdad de condiciones.
El segundo movimiento es menos sutil. La Dirección General de Justicia de la UE ha quedado vacante y el Ejecutivo español ha logrado que la Comisión nombre como directora general, junto a Didier Reynders, a Ana Gallego Torres.
Gallego es jurista y funcionaria de carrera. Pero, además, desde el año 2004 hasta la actualidad ha desarrollado cargos de libre designación con gobiernos socialistas. Pudiera parecer que la cercanía de Ana Gallego a Reynders tiene por objeto tratar de que se imponga la visión del Ejecutivo español sobre el tema de la elección del CGPJ.
En esta tesitura, si en los próximos meses viéramos una flexibilización de la postura europea con España en materia de Estado de derecho, que sepan todos a qué se debe. Estemos prevenidos. Que no nos confundan los cantos de sirena, porque el viaje será largo hasta llegar a Ítaca.
*** Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello es magistrada del juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Vitoria y miembro de la directiva de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
