Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía.

LA TRIBUNA

Un año de pandemia en la Justicia

La autora analiza los retos a los que se ha enfrentado el poder judicial durante estos doce meses de pandemia.

29 marzo, 2021 02:23

Los españoles, junto con el mundo entero, atravesamos la segunda Semana Santa más insólita de cuantas recordamos asumiendo con cierta tristeza que lo que hace un año nos pareció una pesadilla todavía no ha terminado.

Los europeos fuimos arrollados en marzo del año pasado por el virus que aún nos atenaza y condiciona, atemorizados por los devastadores efectos que causó en sólo unas pocas semanas, especialmente entre los grupos de ciudadanos más mayores.

Con las limitaciones a la movilidad impuestas en este nuevo periodo vacacional que atravesamos, parece el momento adecuado para hacer balance de estos primeros doce meses de pandemia, también en el mundo de la Justicia.

Hace un año, todos los operadores jurídicos vivíamos noqueados por la gravedad de lo que hoy conocemos como la primera ola. Únicamente permanecían activos los considerados servicios esenciales, como los juzgados de guardia y aquellos actos judiciales que podían afectar a las libertades fundamentales.

La abogacía, que se dividía en una mayoría de despachos que hibernaban y unos pocos desbordados por el alud de ERTE, multiplicaba sus esfuerzos por estar al día de la estajanovista actividad legislativa del Gobierno.

Superado el primer impacto sanitario y emocional, los Consejos y Colegios de la Abogacía fuimos los primeros en reclamar un retorno a la mayor normalidad posible sin renunciar a las medidas preventivas necesarias. Los meses que siguieron han demostrado que no nos equivocamos cuando dijimos que la actividad judicial y la prevención eran perfectamente compatibles.

Las ratificaciones o los juicios sin testigos ni peritos pueden perfectamente realizarse a través de nuestros ordenadores

Tampoco erramos cuando apostamos por impulsar la Justicia telemática, pero limitada a ciertos procedimientos que ahorraban desplazamientos innecesarios.

La confrontación de argumentos y la exposición de testimonios precisan necesariamente de la presencialidad. Pero momentos del proceso muy tasados, como las ratificaciones, o incluso los juicios sin testigos ni peritos, pueden perfectamente realizarse a través de nuestros ordenadores.

Este primer año de pandemia también nos deja un fuerte impulso en materia de digitalización de la Justicia. A los reiterados propósitos de intenciones se ha sumado ahora el presupuesto que faltó en décadas anteriores y la conciencia clara de que sólo situaciones extremas podrán justificar en el futuro un nuevo cierre, siquiera temporal, de los juzgados.

La digitalización avanza con paso firme, aunque no lo haga con la velocidad que a todos nos gustaría. Lo hace con dinero público, y esperemos que con parte de los fondos europeos. Y, claramente, con la inversión en esfuerzo personal de quienes formamos el grueso de los operadores de la Justicia.

La digitalización nos deja, sobre todo, el convencimiento de que debemos realizar un nuevo esfuerzo de formación sobre el uso de las nuevas tecnologías para conseguir un salto en la eficacia de nuestras muchas horas de dedicación profesional.

Pero quizá lo más preocupante de este primer año de pandemia sea que, transcurrido todo este tiempo, todavía es demasiado pronto para hacer un balance final. Porque buena parte de los efectos que la enfermedad ha generado todavía no se han mostrado en toda su extensión.

Tampoco esta vez la Justicia estaba preparada para aligerar la salida de una nueva crisis

Aún es pronto para cuantificar cuántas serán las empresas que, derogada la legislación de emergencia, se verán obligadas a presentar concurso de acreedores. Cuántos los trabajadores en ERTE que no recuperarán su empleo. Cuántas las parejas separadas de facto que no formalizarán la ruptura cuando el horizonte económico asome con mayor claridad.

Lo que ya sabemos los abogados es que esa parte de la crisis que todavía no ha dado la cara emergerá en los próximos meses en los juzgados, provocando el colapso total de jurisdicciones como la laboral, ya de por sí saturada de casos. En algunas provincias se están produciendo señalamientos para el año 2023.

Sabemos que tendremos que volver a dar la cara ante los ciudadanos para explicarles que tampoco esta vez la Justicia estaba preparada para aligerar la salida de una nueva crisis.

Y sabemos que los abogados y las abogadas tendremos que volver a poner lo mejor de nosotros mismos para intentar, una vez más, que nuestro sistema de Justicia merezca el nombre de tal.

*** Victoria Ortega es presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

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