El Rey Felipe VI en la Pascua Militar 2020

El Rey Felipe VI en la Pascua Militar 2020

LA TRIBUNA

La pascua militar de una monarquía bolivariana

El autor recuerda las razones por las que la Monarquía hace coincidir más sus intereses con la izquierda política que con los valores de la derecha. 

La decisión de Pedro Sánchez de fijar su elección como presidente del Gobierno en el fin de semana de los Magos de Oriente ha dejado a Felipe VI ante la tesitura de presidir la Pascua Militar, el acto más importante del Rey ante la plana mayor de los tres ejércitos, en un escenario más que anómalo: entre dos votaciones de investidura y como previa institucional a la conformación de un Gobierno integrado por la extrema izquierda y auspiciado por separatistas. Una vez más, Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su poca consideración hacia la figura del jefe del Estado y al papel que debe jugar la Monarquía en nuestro sistema institucional.

La bronca vivida en el Congreso de los Diputados el pasado domingo con insultos y descalificaciones a Felipe VI ha pesado sobremanera en la ceremonia celebrada en el Salón del Trono del Palacio Real. Los saludos entre el Rey y el presidente del Gobierno, al margen del protocolo, han evidenciado frialdad y un cierto distanciamiento entre ambos personajes.

Ni siquiera un lenguaje gestual impostado ha pretendido camuflar la anterior circunstancia. Sin embargo, el discurso de Felipe VI (siempre supervisado por la Moncloa) no ha tenido ninguna referencia directa ni indirecta al momento político de incertidumbre que vive nuestro país. La decepción del discurso de Nochebuena se ha visto acrecentada con las palabras de ayer de Felipe VI.

Los signos de cambio que solamente los más ingenuos vieron en la alocución del 24 de diciembre, se ven así desmentidos por la realidad de un Rey que insiste en entender su papel constitucional de una única manera: no llevarle la contraria ni incomodar en ningún momento al PSOE ni a sus planes por mantenerse en el poder.

En sus anteriores discursos del 6 de enero, Felipe VI siempre había enaltecido alguno de los valores constitucionales que la Monarquía representa como símbolo: como la unidad y permanencia de la nación española. En concreto, en el discurso de la Pascua Militar del año pasado, Felipe VI reivindicó la enseña nacional como “una bandera de todos” que simbolizaba “al conjunto de la Nación” y es signo de su “soberanía e independencia, de su unidad e integridad”, al tiempo que recordaba “la profunda identificación de las Fuerzas Armadas con la Constitución”.

Este año, parece que tanto a él como al Gobierno les ha parecido suficiente una breve mención para subrayar el “compromiso” de los ejércitos “con España y nuestra Constitución”. Punto y final. Nada más y nada menos. A 24 horas de una nueva votación de investidura en el Congreso de los Diputados no hay que descartar que Felipe VI haya sido voluntariamente complaciente a los intereses de Pedro Sánchez de no incomodar a sus futuros socios de Gobierno y a las fuerzas separatistas que le pretenden sustentar a lo largo de la legislatura.

El Rey que insiste en entender su papel constitucional de una única manera: no llevarle la contraria ni incomodar en ningún momento al PSOE ni a sus planes por mantenerse en el poder.

Lo anterior no es nuevo respecto a la que ha sido la tónica dominante durante los últimos 40 años en nuestro país: una Monarquía que se ha sentido siempre más cómoda y segura con la izquierda y los nacionalistas que cuando ha gobernado la derecha. No es necesario remarcar la cantidad de episodios de complicidad que se dieron entre el Rey Juan Carlos y los presidentes socialistas (Felipe González y Rodríguez Zapatero) y los desencuentros públicos producidos con los del Partido Popular (José Mº Aznar y Mariano Rajoy).

No viene mal, por tanto, recordar cuando Torcuato Fernández Miranda diseñó el plan de la Transición y tuvo muy claro cuál debía ser el principal fundamento del nuevo régimen: “una Monarquía y basta, porque es una institución carismática en la que creo absolutamente”. De esta manera se lo explicó en 1976 a Gonzalo Fernández de la Mora, dejando éste constancia exacta de sus palabras en sus memorias: “El objetivo es consolidar la Monarquía instaurada incorporando a todos sus enemigos declarados, que son los herederos de la Segunda República, derrotada después de su sovietización, y a los nacionalistas que ven en la Corona la culpable del decreto de Nueva Planta de Felipe V de Borbón. Por ello es preciso dar desde arriba el poder a unos hombres de transición que reconozcan incluso al Partido Comunista y le den acceso a gobernar. El día que haya un gabinete socialista apoyado por nacionalistas, Don Juan Carlos tendrá la corona asegurada, lo que ya es difícil de conseguir a estas alturas del siglo XX” (Río arriba, Planeta 1993).

Así se ejecutó la Transición, configurando desde el poder una Monarquía de izquierdas como fórmula de salvamento de la Corona. Ese acuerdo de poder, pacto de régimen, es previo a la Constitución y se realizó por los herederos políticos del franquismo (con el Rey Juan Carlos a la cabeza), la izquierda (desde el PSOE a la extrema izquierda del PCE) y los nacionalistas (separatistas vascos y catalanes).

De ahí nace la querencia, experimentada durante todo el juancarlismo, de una Monarquía que, para lavar su pecado original dictatorial, y en la creencia de que así aseguraba mejor su continuidad siempre hacía coincidir sus intereses, más con la izquierda política y el nacionalismo que con los valores que representaba la derecha española.

De ahí que a los nacionalistas no les falte razón cuando invocan que su reconocimiento autonómico por parte del Estado es anterior a aquello que la derecha política identifica con “la España constitucional”. Así la Generalidad de Cataluña, con carácter provisional, fue legalizada en septiembre de 1977 y el Consejo General Vasco fue aprobado por Decreto Ley en mayo de 1978 por decisiones del Rey Juan Carlos y del Gobierno de Adolfo Suárez. Dos instituciones de la Segunda República rescatadas por la Monarquía mucho antes de que, en diciembre de 1978, los españoles refrendáramos el sistema autonómico establecido en la Constitución.

Esta cesión ante los separatistas se plasmó de manera definitiva en el Título VIII de nuestra Constitución al establecer un modelo de organización territorial de carácter abierto, debido a su artículo 150.2, y de manera significativa favorable a los intereses del PNV al dejar constancia de la posibilidad de incorporar Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca tal como dispone la Disposición Transitoria Cuarta de nuestra norma constitucional.

La llegada de los comunistas al poder y las nuevas cesiones ante los nacionalistas, es lo que representa el programa de Gobierno de Pedro Sánchez. Nada que no hubiesen previsto con anterioridad, como hemos visto, los “padres de nuestro régimen”. Eso sí, todo edulcorado con el necesario envoltorio de la Corona que, parece ser, es lo único que preocupa a algunos de nuestros analistas políticos. “Una Monarquía y basta”, como dijo en 1976 Fernández Miranda. Aunque tenga que transigir con algo “tan constitucional” como pueda ser la futura organización confederal del Estado y las políticas bolivarianas y neocomunistas del nuevo Gobierno. Por no escuchar nada distinto ayer, es lo que deducimos de lo expresado por el Rey desde el atril del Salón del Trono del Palacio Real.

*** Javier Castro-Villacañas es abogado y periodista. Autor del libro 'El fracaso de la Monarquía' (Planeta, 2013).

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