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LA TRIBUNA

Memoria e Historia Pública

El autor pide que se desdramatice la situación de la Memoria en España, y propone que se eduque a los ciudadanos a través de museos, docencia, exposiciones y medios audiovisuales.

La Memory Studies Association celebró su tercer congreso en Madrid entre los días 25 y 28 de junio pasados. Participaron en este evento más de mil trescientos especialistas de todo el mundo, lo que da una idea de la enorme dimensión que el campo de la Memoria ha alcanzado en las dos últimas décadas. Como ya señaló Paul Williams (Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities) en este corto período se han construido más memoriales y museos de la violencia que en todo el siglo pasado.

Si alguien en España creyó que la Memoria era una moda, molesta y particular, debería desengañarse. La retirada de fondos estatales a partir de 2011 por los gobiernos del Partido Popular a la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007 ralentizaron el proceso pero desde luego no lo han parado. La tan denostada a veces Memoria está aquí para quedarse y seguir haciendo preguntas incómodas a nuestra sociedad y a las instituciones. De lo que se trata ahora no es de negar lo evidente sino de cómo enfocar el fenómeno para el beneficio de nuestra democracia.

Este proceso pasa por desdramatizar la situación de la Memoria en España, acercarse con sobriedad a la cuestión, y enmarcar nuestra realidad en el contexto internacional. Para empezar, podríamos abandonar de una vez el mito del supuesto Pacto de Olvido de la Transición respecto a la Guerra Civil y el franquismo. Cuando se habla de dicho pacto (que nadie concertó jamás; otra cosa es que hubiera un pacto, no escrito, de no utilizar el pasado como instrumento político) a menudo se obvia que en realidad se está hablando de tres aspectos relacionados pero claramente diferenciables y con balances muy desiguales: el trabajo de los historiadores; reparaciones legales, morales y materiales; y, por último, Historia Pública, esto es, la historia destinada a la educación del público a través de museos, docencia, exposiciones, medios audiovisuales, etc.

Para empezar está la labor de los historiadores, que nunca se sintieron atados por pacto alguno y que trabajaron con mucha eficacia para desvelar la verdad de nuestro pasado. Sin embargo, este trabajo ha sido cuestionado recientemente por algunos colegas que alegan que no se estudió bastante la represión, lo que no es cierto, o que se evitó identificar los crímenes franquistas como un genocidio o incluso como un holocausto.

No es cuestión de describir en detalle estas polémicas aquí pero debería ser suficiente señalar que algunos de los textos seminales en estos temas (como The Oxford Handbook of Genocide Studies) excluyen a nuestra guerra y al franquismo de tal categoría. En España se cometieron muchísimos crímenes y matanzas, pero para explicarlos no hace falta buscar paradigmas que son atractivos pero que no acaban de encajar en nuestra realidad histórica.

De entrada hay que advertir que hacer Historia Pública de una guerra civil es muy difícil, y no sólo en España

En segundo lugar está la reparación jurídica, moral y material. Aquí el resultado es menos reconfortante. Por un lado, los sucesivos gobiernos de la nación pusieron en marcha medidas legislativas para compensar a las víctimas. Sin embargo, dejaron sin cubrir dos enormes huecos. Uno consistió en mantener la validez de los juicios franquistas; el otro, mucho más enorme y doloroso aún, fue que se permitió que más de cien mil víctimas de la dictadura permaneciesen en fosas comunes y sin identificar.

En justicia para con los gobernantes, hay que reconocer que la demanda social para las exhumaciones es relativamente reciente, situándose en torno al cambio de siglo. También es verdad que, durante la Transición, algunas comunidades, sobre todo en Navarra y Extremadura, llevaron a cabo exhumaciones, y que nadie se lo impidió. Pero en definitiva, la labor emprendida por las valerosas asociaciones privadas, algunos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, tenía que haber sido asumida por el Estado hace mucho tiempo, lo que no sucedió por las medidas antes citadas del Gobierno de Mariano Rajoy en 2011.

Queda, por último, la Historia Pública. De entrada hay que advertir que hacer Historia Pública de una guerra civil es muy difícil, y no sólo en España. En todo caso, aquí el balance es también mixto y en algunos aspectos muy deficiente. En este sentido es sintomático que la democracia española haya sido incapaz de resignificar el Valle de los Caídos, que sigue sin tener ni siquiera una guía oficial explicativa.

No es un caso aislado: en España sigue habiendo muchos lugares sin memoria y muchas memorias sin lugar. También es lamentable que la mayoría de nuestros escolares acaben su educación sin haber abordado en clase el tema de la Guerra Civil y el franquismo. Pero esto no quiere decir que no se haya hecho nada.

En España hay tres centros de referencia importantes sobre estos temas: el Museo de la Paz de Guernica (creado en 1998), el Centro documental de la Memoria Histórica de Salamanca y el Memorial Democràtic de Barcelona, ambos fundados en 2007. Estos tres centros fueron impulsados por administraciones socialistas. A ellos habría que sumar los proyectos “Todos los nombres”, bases de datos, circuitos turísticos de frentes de batalla, pequeños museos locales, etc., que han aparecido en los últimos años. Y para los que todavía crean que la España oficial trató de borrar el pasado de manera sistemática, quizás sea conveniente recordar la magnífica producción en 1987 de RTVE de la serie de 32 capítulos España en Guerra: 1936-1939.

Podríamos, por ejemplo, tener el coraje de crear un museo nacional de la Guerra Civil y la dictadura

A menudo se pone a Alemania como ejemplo de cómo fijar la Memoria en la Historia Pública. Es un buen referente, pero es también una excepción. Cuando se trata de guerras civiles, los museos europeos y americanos o no las tratan en absoluto o sumergen la narrativa dentro de otros temas, preferentemente en Historia Militar.

En cambio, narrar el Holocausto es más fácil –los buenos y los malos están en principio muy claros– sobre todo si ese crimen horrendo se mezcla con el sufrimiento de la población local y con las historias de resistencia. De esa manera se nacionaliza el dolor y se evitan preguntas incómodas, lo que Julia Rose ha llamado “historias difíciles” (Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites). El intento de evitar estas historias incómodas explica que las guerras civiles, el colaboracionismo, los horrores imperiales o la esclavitud –temas espinosos y sin moraleja reconfortante final– tengan mucho menos recorrido en la Historia Pública que las narrativas nacionales de sufrimiento y redención.

Si, en el contexto internacional, el tratamiento en España de la Guerra Civil y el franquismo por parte de la Historia Pública no es excepcional, esto no hace ni mucho menos innecesaria la pregunta de qué queremos hacer como sociedad con nuestro pasado. Podemos hacer como Alemania y construir una memoria colectiva democrática basada en un proyecto de Historia Pública que afronte nuestra historia difícil con profesionalidad y con imparcialidad. Podríamos, por ejemplo, tener el coraje de crear un museo nacional de la Guerra Civil y la dictadura. O podemos, por el contrario, seguir escondiéndonos detrás de la coartada de unas heridas que supuestamente la mayoría de los españoles tenemos y no queremos reabrir.

No hay duda de que en España hay muchas personas, de izquierdas y de derechas, traumatizadas por la violencia del pasado, pero en conjunto este no es un país traumatizado, ni distinto de los de su entorno. España es simplemente una democracia con contradicciones, pero también moderna y con amplios recursos materiales para corregir en lo posible errores pretéritos y decidir su futuro; y ahí la Historia Pública tiene mucho que ofrecernos.

*** Antonio Cazorla Sánchez es catedrático de Historia de Europa en la Trent University, Canadá.

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Pedro J. Ramírez, en 2006 director de EL MUNDO, y el entonces presidente Zapatero.

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