Política española en su más crudo invierno

Ha sido una catástrofe histórica para la ciudadanía y la democracia españolas, incluida la catalana, sin vuelta de hoja. La situación es, ahora, muchísimo peor que el 1 de octubre frente a una debacle esférica, es decir, se mire por donde se mire: democrática, social, económica, espiritual (valores) y políticamente.

La cortesía de felicitar a Inés Arrimadas por su indudable éxito personal y por el salto dado por Cs para convertirse en la representación hegemónica de los que quieren ser ciudadanos ilustrados y libres en hispano-Cataluña -cortesía que ejerzo aquí y ahora con gozo-, no esconde la tragedia fundamental acaecida, porque se sitúa a otro nivel.

Aclaremos ya esa debacle: en este momento, más o menos un 60% del electorado de la región catalana española no quiere ser parte de una España democrática de ciudadanos libres, iguales y solidarios, y un 47,5% de los electores, sencillamente, odian a España, y eso hasta el punto de saltarse leyes, prosperidad y valores democráticos sin ningún escrúpulo, fanáticamente. Solo que ahora, a diferencia del 1-O, todo ello queda banalizado, revestido de una pátina de legitimidad, legalidad y (falso) procedimiento democrático que hace mucho más difícil su reconducción e imposible el conocimiento de la realidad por parte de unos gobiernos extranjeros atónitos. Si lo sucedido, y lo permitido, durante la vomitiva campaña electoral es legal y democrático, ¿qué me cuenta usted?

Sería tan intelectualmente reprobable, en este escrito, cebarse en las culpabilidades y las dramáticas incompetencias recientes que abocaron a la catástrofe, por otra parte evidentes, como practicar el dolor de Casandra con el inútil “ya lo avisé”. Preferimos ayudar a reflexionar sobre el futuro, eso sí, yendo a lo esencial y no a lo morboso, pero cogiendo el toro por los cuernos.

Digamos primero lo que, a nuestro juicio, son errores graves a no (volver) a cometer: en primer lugar no se puede banalizar ni convertir en espectáculo de prensa rosa el más grave problema que tiene España desde hace 80 años, o más, y un grave problema para Europa.

En segundo lugar, no volvamos a caer en el engaño de que estamos frente a un problema político, ni de leguleyos. Estamos ante un espantoso problema democrático y de valores, de pérdida de referentes básicos para la convivencia democrática y de exaltación de valores impresentables como la mentira, el supremacismo discriminatorio, el etnicismo, el totalitarismo fanático…

En tercer lugar, a nuestro juicio muy importante, no creamos ni hagamos creer que es un problema regional, ni con solución regional. Es, a todas luces, un problema de toda España y que destroza la convivencia, la prosperidad y la democracia de todos los españoles. Y eso, sin citar las consecuencias para Europa.

Finalmente, que nadie piense que la solución vendrá de los juegos e intereses partidistas, es decir, que la solución estable pueda venir en el corto plazo, o aún peor, que se trata de encontrar un parchecillo apañado para tirar otros quince años. Prolongar agonías es hacer sufrir inútilmente, siempre.

Sobre estas precauciones podemos ahondar en la disyuntiva a futuro. Por ejemplo, puesto que el problema es español, tendrá que participar en su resolución toda la ciudadanía española. Eso quiere decir, verbigracia, que sabemos la situación en la región catalana, pero que conviene aquilatar también cuántos no quieren ser españoles en otras regiones , porque nadie ignora que esta dinámica, producto del actual régimen, está creciendo en otras regiones de España.

Conviene recordar aquí que las regiones (y somos profundamente descentralizadores regionalistas, pero no multicentralizadores en taifas) se encierran en fronteras administrativas -por esencia fácilmente cambiables-, a diferencia de las internacionalmente reconocidas. ¿Tenemos la regionalización más eficaz y eficiente desde el punto de vista político y económico para el bien común de la inmensa mayoría de los ciudadanos?

Por otra parte, si estamos ante el fracaso de un régimen, será necesario un consenso mayoritario sobre el diagnóstico y las medidas, lo que puede equivaler a un Gobierno de concentración nacional. Si el problema es tan deletéreo, como el ser o dejar de ser (españoles), será necesario exponérselo con toda crudeza a los ciudadanos para que decidan, por ejemplo, en un referéndum nacional, porque en eso consiste la democracia en los temas claves: que las personas decidan, no las tribus ni las oligarquías. En eso, pero no sólo en eso.

La democracia también exige un máximo de información y formación previa para que todo el mundo vote en libertad, pero nunca desde la nesciencia. Aquí recobramos un apéndice de frase que puede haber pasado desapercibido: “En estos momentos…”. En efecto, hace diez años las cifras que se han expuesto eran inimaginables. En íbero Cataluña los secesionistas no pasaban del habitual 20%; en Valencia, Galicia, Andalucía, Canarias, cabían en un taxi.

La pérdida de valores ilustrados y democráticos ha sido reciente pero acelerada. ¿Qué ha pasado? Algo tendrán que ver la educación, los medios de comunicación, la profunda y agresiva vocación caciquil de todos, todos, nuestros políticastros, (políticos somos pocos, y no tenemos poder), la pérdida de la ética democrática del bien común, la metástasis egoísta del cupo vasco, etc. Hacer un diagnóstico consensuado llevará tiempo, hacer un diagnóstico honesto rozará lo imposible...

Esa es, a nuestro juicio, la fundamental e histórica tarea democrática del momento y por un rato largo: consultar a los ciudadanos españoles sobre su convivencia, o no, en el futuro. Preguntarles si quieren reintentar una España de libres, iguales y solidarios, o abandonar, después de siglos, el proyecto España. Y tras ello, obrar en consecuencia. Pero previamente a ello, habiendo hecho una valoración “honesta” de lo que nos ha traído a tan terrible momento y haber expuesto, sin trampas ni dulcificaciones, los sacrificios, beneficios y consecuencias que entraña cada decisión para toda la ciudadanía española, y, por qué no, un poco la europea. Si eso se diera en un ambiente de recuperación seria del Estado de Derecho, miel sobre hojuelas.

Así empieza el invierno, y así el 2018. Y me temo que les acabamos de contar justo lo que no harán nuestros politicastros…

*** Enrique Calvet Chambon es eurodiputado del Grupo ALDE (Liberales y Demócrtas) y presidente de la plataforma ULIS.