Jon G. Balenciaga

Jon G. Balenciaga

LA TRIBUNA

Nadie está en la cárcel por sus ideas, ni siquiera por sus malas ideas

La autora sostiene que la juez Carmen Lamela no podía actuar de otro modo a como lo ha hecho y responsabiliza a los exconsejeros de la Generalitat de su entrada en prisión.

Apenas habían transcurrido unos minutos desde que la jueza Lamela dictó auto de prisión incondicional sobre Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros de la Generalitat de Cataluña y ya estaban las redes pobladas de comentarios políticos bajo la apariencia de consideraciones jurídicas. A nadie le había dado tiempo aún a leerse el auto, pero claro que eso era lo de menos. Quienes habían apoyado en todo momento los desmanes de los nacional-independentistas catalanes se apresuraron a desprestigiar el auto calificándolo de "decisión política" a la que se añadían todo tipo de adjetivos.

Ninguno de los defensores de los presuntos delincuentes -que coinciden milimétricamente con quienes apoyaron los delitos por los que están provisionalmente encarcelados- parecía darse cuenta de la incongruencia de su razonamiento: si la decisión de la jueza fuera "política" no cabría que la calificaran de "vengativa", "desproporcionada", "injusta"... Pues son ellos mismos quienes sostienen que, políticamente, "todo puede defenderse"...

Pero sería absurdo por mi parte entrar en este tipo de disquisiciones y menos aún tratar de dar argumentos para desvelar la fatuidad de las soflamas de quienes defienden a aquellos que llevan años utilizando la fuerza (la coacción es una suerte de violencia, no hace falta que esta sea física) para imponer su "ley" por encima del ordenamiento jurídico. Por eso dedicaré esta entrada a recordar algunas obviedades a quienes -sin querer entrar en el fondo de la cuestión y de forma aparentemente sincera y sin prejuicios sobre lo juzgado- han mostrado preocupación por las consecuencias políticas de esta decisión judicial.

¿Acaso subvertir el orden constitucional no es el mayor delito que puede cometerse en democracia?

La primera de ellas es que Justicia no entiende ni debe entender de oportunidades políticas. No se le puede pedir a un juez que valore si aplicar la ley puede o no favorecer a determinadas opciones políticas ante un proceso electoral cercano. Seguro que quienes lamentan que la jueza Lamela haya actuado con diligencia y rigor, con la venda puesta en sus ojos, se escandalizarían si un juez decidiera posponer sus decisiones sobre un político corrupto si hay elecciones a la vuelta de la esquina. ¿O acaso piensan que es mayor delito la corrupción económica que sabotear el orden constitucional en el que se basan todas las garantías y todos los derechos de todos los ciudadanos? ¿Es menos corrupción robarnos nuestro derecho a decidir sobre el futuro de nuestro país que llevarse el dinero a Suiza? Que, por cierto, también se lo llevaban los que organizaron el derrumbe de la democracia en Cataluña. ¿Acaso subvertir el orden constitucional -algo que no discuten que estaban haciendo los gobernantes catalanes la mayor parte de los que hoy se rasgan las vestiduras por el auto de la jueza Lamela- no es el mayor de los delitos que se puede cometer en una democracia?

A quienes se preocupan por las consecuencias políticas que tendrá esta decisión de cara a las elecciones del 21-D les quiero pedir que piensen en las consecuencias políticas que ya ha tenido no actuar mientras se gestaba toda esta afrenta a la democracia, a los tribunales, a la Constitución, a la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de los españoles. Les pido también que pongan en la balanza las consecuencias de la impunidad en la que han vivido estas gentes que han arrasado Cataluña también desde la perspectiva económica. Que piensen si una sociedad democrática puede consentir que existan ciudadanos que, por el hecho de ser políticos, estén absueltos de sus delitos.

El Código Penal no hace excepciones ni puede entrar en consideraciones de "oportunidad política". Y cuando establece distinción es para exigir más rigor y más responsabilidad a aquellos que tienen poder político. De hecho hay delitos que solo son imputables a funcionarios públicos porque únicamente ellos pueden delinquir con el dinero de todos los ciudadanos; de ahí la prevaricación o la malversación de caudales públicos que no está al alcance del común de los mortales.

Cuando para resolver los conflictos alguien se salta la ley, al resultado ya no se le llama democracia

Otro comentario bienintencionado muy extendido estas ultimas horas apela a que "así no se arreglan las cosas". Como si aplicar las leyes y exigir a todos que las respeten y cumplan las sentencias de los tribunales pudiera tener como objetivo resolver algún tipo de conflicto político. La democracia es conflictiva, pero en la democracia los conflictos se resuelven dentro de la ley. Cuando para resolver los conflictos alguien se salta la ley, al resultado ya no se le llama democracia.

Dicen que así, aplicando la ley a los políticos responsables de todo el desafuero, no se conseguirá la reconciliación entre catalanes. Reconciliación no es que unos gobernantes se salten la ley impunemente mientras someten a todo tipo de coacciones a aquellos de sus gobernados que no son nacional-independentistas y solo aspiran a que les respeten y a que en su comunidad se aplique la Constitución y las sentencias de los tribunales. Eso no es vivir en una sociedad reconciliada sino en una sociedad sometida al totalitarismo. Que todo el mundo cumpla y se someta a las leyes es el requisito previo e imprescindible para convivir. Sin ley no hay democracia, ni convivencia, ni reconciliación. Sin leyes iguales para todos lo que impera es el sometimiento a la ley del más fuerte; y a eso se le llama totalitarismo, no democracia.

Y, por último: España es una democracia plena, una de las 19 que existen en el mundo según todos los indicadores independientes que año tras año someten a juicio a 167 países. En España nadie está en la cárcel por sus ideas, ni siquiera por sus malas ideas. En España hay políticos presos y lo están por ser responsables y culpables (la mayor parte de ellos en grado de presunción aún) de haber cometido graves delitos contra el país y contra los intereses de los ciudadanos que tenían la obligación de defender. Ellos son los únicos responsables de estar en prisión y de estar siendo juzgados; nadie tiene la culpa más que ellos de lo que ha ocurrido. Y los jueces no pueden ni deben hacer otra cosa que juzgarles con el máximo rigor y la máxima diligencia. Ciñendo espada, equilibrando la balanza y con los ojos bien vendados.

*** Rosa Díez es confundadora de UPyD y promotora de la web elasterisco.es.

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