El caluroso recibimiento tributado por el pueblo ceutí a los Reyes este martes confirma la oportunidad y pertinencia de este esperado viaje del jefe del Estado a la ciudad autónoma.
La presencia de la Corona era pues obligada pese a haber desairado a Rabat, y a despecho de las maniobras marroquíes para contraprogramar la cita mediante convocatorias de protesta en la vecina Castillejos y ante el consulado español en Agadir.
El baño de masas que han recibido los Reyes en su camino al Ayuntamiento, que les ha obligado a detenerse varias veces para saludar a la concurrencia entregada, revela hasta qué punto la visita ha dado aliento a una población exhausta.
Más de dos meses después, los ceutíes aún no han recuperado su normalidad cotidiana tras la terrible invasión.
El contraste entre la ovación cerrada a los monarcas y los abucheos dirigidos al ministro responsable del mando único ha recordado necesariamente al episodio de la visita de los Reyes y Pedro Sánchez a Paiporta.
En ambas ocasiones, Felipe VI y doña Letizia acudieron a pie de calle para consolar a una ciudadanía que percibe un clamoroso abandono por parte del Gobierno central en los momentos de mayor necesidad, mientras la autoridad competente se convertía en objeto de la indignación popular.
Pero el verdadero paralelismo que cabe establecer es entre el discurso de este martes desde Ceuta y el del 3 de octubre de 2017, pronunciado tras el golpe de Estado separatista en Cataluña.
El de Ceuta es, sin duda, el discurso más importante de su reinado después de aquel 3-O.
Felipe VI ha fijado nítidamente el perímetro de la soberanía nacional al advertir que "Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España".
Ha subrayado que dicha integridad "no es negociable ni discutible", y ha exigido que los inmigrantes que entraron irregularmente "deben regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos".
Las palabras del monarca han tenido el efecto inmediato de convertir la defensa de Ceuta en la gran prioridad nacional de cara al debate público. Y lo hacen en un contexto de precampaña electoral.
El PSOE ha intentado por todos los medios desplazar el foco de este tema incómodo (que retrata de forma palmaria su inoperancia e indolencia frente a la crisis) y fijar la agenda en parámetros más convenientes para sus intereses tales como la vivienda. Pero después de este martes, la conversación política va a volver a pivotar de forma inevitable alrededor de la cuestión ceutí.
Porque el Rey ha recordado sin paliativos que Ceuta es española, y ha exhortado a los poderes públicos a no desertar de su defensa, tal y como ha sucedido en los últimos meses.
Al encomendar la protección de la ciudad "sin fisuras, sin ambages ni medias tintas" al "conjunto del Estado", Felipe VI viene a recordar al Gobierno que es su obligación indelegable defender la soberanía.
Es evidente que esto supone un recado al Ejecutivo, que es quien ostenta la responsabilidad en este caso. Porque el resto de actores que conforman el "Estado", como las comunidades autónomas, carecen de cualquier competencia en materia de Defensa, control de fronteras o Política Exterior.
El otro reproche velado del discurso ha tenido por destinatario a Rabat. El Rey ha supeditado las buenas relaciones de vecindad a la existencia de "buena fe por ambas partes".
Aunque no haya dirigido un reproche explícito a Mohamed VI, resulta evidente a quién se refería su alusión.
Marruecos es quien no ha dejado de cuestionar la españolidad de Ceuta y Melilla en los foros internacionales.
Y es quien, según ha revelado EL ESPAÑOL, ha coordinado a través de agentes militares marroquíes infiltrados no sólo la invasión de civiles de julio, sino también la violenta emboscada perpetrada contra cuatro soldados españoles en Benzú.
Todo ello en el contexto de la revelación de Sánchez en la víspera de la visita, quien destapó la incursión de buques militares marroquíes en aguas ceutíes, aclarando después Zarzuela que el Rey fue informado de ello por el Gobierno.
Un Gobierno que, sin embargo, decidió ocultar este hecho al Congreso de los Diputados y al presidente autonómico.
Al condicionar la "buena relación con Marruecos" al principio inamovible de que "Ceuta es España", Felipe VI ha dado un golpe encima de la mesa (en el estilo sutil que conviene a su posición institucional) al delimitar cuál debe ser el marco de relación con el país vecino, fijando unas líneas rojas que el Estado no puede transigir.
Hemos asistido así a un escenario similar al del 3-O: el jefe del Estado ha salido de nuevo en defensa del pueblo español y ha asumido la salvaguarda de la integridad nacional ante la dejación de funciones de un Gobierno pusilánime.