El 30 y 31 de julio de 2026, mientras decenas de miles de inmigrantes ilegales invadían Ceuta (el Gobierno habló de 72.000 entradas; las autoridades locales y otras estimaciones superaron las 80.000), buques de la Marina Real marroquí penetraron en aguas territoriales de España.
Al menos una fragata y varias patrulleras realizaron amenazantes incursiones reiteradas que fuentes militares han calificado de vulneración intencionada del territorio español, no de un tránsito accidental.
La tensión llegó al punto de casi provocar una colisión entre patrulleros de ambos países. La Armada española tuvo que desplegar el Buque de Acción Marítima Rayo y las fragatas Santa María y Navarra para restablecer la disuasión.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ocultado estos hechos durante setenta y cuatro días. Es decir, ha mentido tanto a los españoles como al Parlamento.
El presidente lo confirmó este lunes 12 de octubre en un corrillo informal, reduciendo la agresión a un "hecho puntual" entre vecinos resuelto por "interlocución fluida".
Pero ni es un hecho puntual, ni puede considerarse que el conflicto esté resuelto, en la medida en que miles de inmigrantes ilegales continúan en Ceuta, ocupando sus bosques, sus calles y sus espacios públicos.
Esto no ha sido crisis humanitaria. Ha sido un acto de guerra híbrida de dos ejes: una invasión migratoria de escala histórica junto a una incursión militar extranjera en aguas españolas.
La noticia de que al menos algunas de las emboscadas en Ceuta contra soldados españoles fueron organizadas por militares marroquíes añade un tercer detalle inquietante a los hechos y confirma que Marruecos ha abierto en Ceuta un frente de guerra contra España.
Tratar este grave incidente militar como lo ha hecho el Gobierno (minimizando, silenciando y priorizando "las buenas relaciones" con Marruecos) constituye una dejación de funciones incompatible con la defensa de la soberanía territorial. Por no decir un acto de complicidad con una potencia abiertamente hostil y que niega la soberanía nacional sobre Ceuta, Melilla y las islas Canarias.
La invasión de aguas territoriales españolas por buques de guerra marroquíes no puede considerarse en ningún caso un incidente menos grave que la hipotética incursión de vehículos de combate pesados de Marruecos en cualquier ciudad española.
Sánchez visitó Ceuta el 31 de julio. Permaneció poco más de cien minutos, calificó lo ocurrido de "ataque a la integridad territorial de España" y a continuación se desplazó a La Mareta, en Lanzarote, donde disfrutó de unas cuatro semanas de vacaciones, interrumpidas sólo por reuniones telemáticas puntuales.
Mientras tanto, la gestión de la crisis se retrasó, entre 15.000 y 20.000 invasores permanecieron en la ciudad autónoma, y la información sobre los buques de guerra (y la autoría de los ataques contra soldados españoles) no llegó al Congreso ni a la opinión pública.
Un jefe de Gobierno no puede tratar una emergencia de esta naturaleza como un asunto que se despacha en una visita exprés y se gestiona a distancia desde una residencia de descanso.
El contraste entre el discurso solemne del 31 de julio y las imágenes de normalidad vacacional no es un detalle menor: es una señal de frivolidad institucional, por no decir de abandono de sus funciones en plena emergencia militar.
La dimensión naval agrava el problema.
Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta ni sobre sus aguas. Las incursiones de buques de guerra no son equivalentes a las persecuciones rutinarias de narcolanchas.
El Gobierno ha insistido en la ausencia de "evidencias sólidas" de implicación activa de Rabat y ha elogiado la "cooperación inteligente".
Sin embargo, la gendarmería marroquí "permitió" el cruce, según el propio Ejecutivo, y los movimientos navales ocurrieron, obviamente, bajo mando militar. Un barco de guerra marroquí no penetra de forma amenazadora en aguas españolas sin una orden directa de Rabat.
La política de "construir, no destruir" y de interlocución a toda costa ha producido un resultado previsible: no se han señalado responsabilidades claras al vecino que controla la frontera.
Medios españoles han informado además de la presencia en Ceuta, entre los invasores, de soldados, espías, delincuentes y terroristas yihadistas identificados.
Estas informaciones convierten la falta de control fronterizo en un fallo de seguridad nacional de primer orden. Incluso si sólo una fracción resulta exacta, la escala de la entrada y la ausencia de filtrado efectivo demuestran que el Estado no fue capaz de impedir el paso de perfiles criminales de alto riesgo.
La opacidad posterior multiplica el daño. Los ciudadanos y sus representantes tienen derecho a conocer cuándo y cómo se desafía la soberanía territorial.
La explicación de Sánchez ("días intensos", "hecho puntual", "interlocución fluida") no sustituye a una rendición de cuentas detallada ante el Parlamento y ante los ciudadanos. Menos todavía con unas elecciones generales convocadas para dentro de un mes y medio.
Si la soberanía nacional fue atacada, y el Gobierno se negó a responder a ese ataque, los ciudadanos merecen tener todos los detalles de esa sorprendente pasividad para que esta pueda ser juzgada en las urnas el próximo 29-N.
El precedente de 2021 ya demostró cómo Marruecos modula los flujos migratorios como herramienta de presión. La combinación de 2026 (avalancha masiva más presencia naval) eleva el listón y hace prever futuros ataques mucho más graves, si acaso definitivos, sobre Ceuta y Melilla.
El Ejecutivo debe explicar al Congreso por qué se ocultó la información naval, por qué no se interrumpieron de forma sustancial las vacaciones presidenciales y qué medidas concretas de control y disuasión se han adoptado para que esos ataques marroquíes no se repitan.
Cuando un Gobierno minimiza una invasión militar disfrazada de crisis humanitaria, no solo renuncia a la defensa de la soberanía nacional: justifica las sospechas de complicidad con una potencia hostil como Marruecos en plena invasión del territorio nacional.