La decisión de enviar la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez en una encrucijada que no es sólo política o estratégica, sino democrática.

El presidente y su gobierno se han esforzado en presentar su decisión como una misión "defensiva" ligada a compromisos europeos y a la protección de civiles en Chipre.

Pero, más allá del envoltorio retórico, lo cierto es que España ha desplegado el buque de guerra más avanzado de la Armada en un teatro donde ya hay operaciones militares activas.

Eso es, en términos sustantivos, entrar en un escenario de guerra. Y una decisión de ese calibre no puede adoptarse de espaldas al Congreso de los Diputados.

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional no es una sugerencia programática, sino la concreción de un mandato constitucional: reforzar el control democrático sobre el uso de la fuerza militar.

Esa ley exige autorización previa del Congreso para las "operaciones en el exterior" que no estén directamente vinculadas a la defensa de España o del interés nacional.

Interpretar que un despliegue en la retaguardia de una guerra abierta, en apoyo explícito a aliados que ya están bombardeando, es una mera operación técnica de protección, equivale a vaciar de contenido ese mandato.

Afirmar que la Cristóbal Colón sólo "defiende" mientras otros atacan es, en el mejor de los casos, una ficción conveniente al relato del presidente.

El Gobierno sostiene que cumple sus obligaciones internacionales y que la misión cabe en el marco de los compromisos habituales de España con la UE y la OTAN. Esa ha sido la coartada jurídica y política para prescindir de una votación explícita en la Cámara.

Pero esa tesis obvia dos hechos elementales.

Primero, que la propia ley nació precisamente para evitar que la fórmula "cumplimos con nuestros aliados" sirviera de atajo para sortear al Parlamento.

Segundo, que la pertenencia a estructuras de seguridad colectiva no exonera al Ejecutivo del control interno. Al contrario, lo hace más necesario, porque los costes políticos y estratégicos de nuestra alineación no se deciden en Bruselas ni en Washington, sino en Madrid.

No se trata de cuestionar por principio la conveniencia de apoyar a nuestros aliados, de cumplir con nuestros compromisos militares ni de desconocer la gravedad de las amenazas que afrontan Europa y Oriente Próximo. Se trata de exigir que, precisamente por esa gravedad, las decisiones se adopten con luz larga y reglas claras.

La autorización parlamentaria no es un obstáculo burocrático, sino la garantía de que el envío de una fragata (con su carga de misiles de última tecnología) responde a un consenso mínimamente sólido y no a un cálculo coyuntural de mera supervivencia política del presidente del Gobierno.

El precedente de la guerra de Irak es ineludible. Entonces, José María Aznar buscó y obtuvo varias resoluciones del Congreso que avalaban la participación española, por limitada que fuera, en la coalición liderada por Estados Unidos.

Puede discutirse (y se ha hecho durante dos décadas) la oportunidad, la moralidad y la legalidad internacional de aquella decisión. Pero el procedimiento fue, al menos, explícito: hubo debate, hubo votos y hubo asunción de responsabilidades.

Hoy, el Gobierno de Sánchez pretende eludir esa rendición de cuentas.

La paradoja es que fue la izquierda la que edificó su identidad política reciente sobre el "no a la guerra", con las manifestaciones de 2003 como mito fundacional. Ese legado antibelicista se convirtió en bandera moral y en arma arrojadiza contra el PP durante años.

Ahora, el mismo espacio político que demonizó Irak como pecado original intenta explicar que enviar una fragata AEGIS a la retaguardia de una guerra no es "participar en la guerra", sino contribuir a la paz.

El malabarismo retórico es evidente; la contradicción, un insulto a la inteligencia.

Sánchez navega entre dos aguas porque su posición parlamentaria y política es débil. Si lleva al Congreso una autorización clara, corre el riesgo de fracturar a sus socios y de exhibir de forma descarnada la división de la izquierda entre el pacifismo de consigna y la responsabilidad de gobierno.

Si no lo hace, preserva la fachada de unidad, pero al precio de degradar el papel del Parlamento y de dejar al país atrapado en una ambigüedad peligrosa: estamos, o no, en una guerra; pero mejor no discutirlo en sede parlamentaria.

Y esta última es la peor de las opciones para una democracia madura.

La cuestión de fondo trasciende a Sánchez, al PSOE y al PP. Enviar una fragata de guerra a un escenario de conflicto no es un gesto simbólico ni un trámite técnico; es un acto que compromete la posición internacional de España, condiciona su alineamiento futuro y deja huella en la percepción que aliados y adversarios tendrán de nuestro país durante años.

Esa decisión no puede descansar sólo en el criterio de un Consejo de Ministros que se presenta como "progresista" puertas adentro mientras practica una política de defensa que rehúye deliberadamente la rendición de cuentas.

Sánchez prometió gobernar "de espaldas al Parlamento". Con la Cristóbal Colón, está a punto de demostrar que, en la guerra como en la paz, se ha tomado esa frase demasiado en serio.