La detención de Alex Saab en Caracas, ejecutada de madrugada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con la participación directa del FBI, constituye la prueba más elocuente de que Estados Unidos ejerce ya un control efectivo sobre Venezuela.

No se trata de una hipótesis ni de una conjetura. Agentes federales estadounidenses operaron en suelo venezolano, en coordinación con los mismos servicios de inteligencia que durante años persiguieron a la oposición democrática.

El mensaje es inequívoco.

Saab, empresario colombo-venezolano acusado por la justicia estadounidense de blanquear 350 millones de dólares procedentes de contratos públicos fraudulentos, fue detenido junto a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y también sancionado por el Tesoro de Estados Unidos.

Ambos serán previsiblemente extraditados durante los próximos días.

Que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez entregue a dos figuras emblemáticas del entramado financiero chavista revela hasta qué punto Caracas ha aceptado las condiciones impuestas por Washington desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Los hechos hablan con claridad. En apenas un mes, Rodríguez ha liberado a más de trescientos presos políticos, ha reformado la Ley de Hidrocarburos para facilitar la inversión extranjera, ha firmado un acuerdo para la venta de cincuenta millones de barriles de crudo a Estados Unidos y mantiene comunicación semanal con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Esta misma semana recibió en el Palacio de Miraflores a Laura Dogu, la enviada especial estadounidense, mientras el borrador de una ley de amnistía (que cubriría a los detenidos por manifestarse políticamente y devolvería bienes confiscados) avanzaba hacia la Asamblea Nacional.

La velocidad de las concesiones resulta asombrosa para un régimen que, hasta hace cinco semanas, desafiaba abiertamente a Washington.

La arquitectura de esta tutela tiene, sin embargo, un diseño más transaccional que democrático.

Rubio detalló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado un plan en tres fases (estabilización, recuperación y transición) cuyo calendario permanece deliberadamente impreciso.

Los ingresos petroleros venezolanos se depositan en una cuenta en Qatar sujeta a sanciones estadounidenses: es el Tesoro de Estados Unidos quien decide en qué puede gastar Venezuela su propio dinero.

El senador demócrata Chris Murphy lo ha resumido sin paños calientes, criticando a su propio Gobierno: "Están robando el petróleo de Venezuela a punta de pistola y usando ese control para microgestionar el país". A ello cabe responder que el Partido Demócrata no parecía tan molesto cuando el petróleo era robado por China, Rusia, Irán o Cuba.

Trump no ha ocultado, y eso es cierto, sus intenciones. Exige "acceso total" al crudo venezolano y ha reunido a ejecutivos de Exxon, Chevron y Conoco, además de la española Repsol, para proponerles invertir 100.000 millones de dólares en el sector.

Lo más inquietante es lo que queda fuera de esta ecuación. María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025 y líder de una oposición que obtuvo el 70% de los votos en las elecciones de 2024, fue recibida por Trump en enero sólo para ser despachada con el argumento de que "no tiene suficiente apoyo para liderar Venezuela".

Ni el plan de Rubio ni las acciones de la Casa Blanca incluyen un asiento para la oposición o la sociedad civil venezolana en las decisiones que supuestamente se toman en su beneficio. Como advierte el Council on Foreign Relations, la única política clara de Trump hacia Venezuela es controlar indefinidamente la venta de su petróleo.

Rodríguez, entre tanto, aplica un doble discurso que no parece incomodar a Washington. Declara públicamente estar "harta de recibir órdenes" mientras en privado cumple cada una de ellas.

Funcionarios de la administración Trump restan importancia a la retórica. "Las declaraciones públicas no coinciden necesariamente con las acciones", admiten. Una fuente cercana a la Casa Blanca lo expresó con brutal franqueza: "Ella está con correa corta y no tiene mucha opción más que cumplir".

La detención de Saab cierra un círculo. Venezuela ha pasado de ser un Estado que desafiaba a Estados Unidos a convertirse en un país cuyas fuerzas de seguridad ejecutan operaciones conjuntas con el FBI para entregar a los aliados de su antiguo líder.

El petróleo fluye ahora bajo supervisión estadounidense, los presos políticos se liberan al ritmo que marca Washington y las leyes se reforman según las exigencias de Rubio. Todo ello sin elecciones a la vista ni participación real de quienes ganaron las últimas.

Quizá este nuevo orden venezolano culmine en unas elecciones democráticas. De momento, es administración colonial con otro nombre. Una situación mejor, en cualquier caso, que la que se vivía con el régimen madurista hace apenas un par de meses.