El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a echar mano de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso como pantalla contra los escándalos de corrupción y machismo que asfixian al PSOE.

Este domingo, dos ministras se han hecho entrevistar en paralelo para acometer coordinadamente contra Ayuso por aplicar un "modelo salvaje" de gestión en Sanidad y vivienda.

El propósito de estas declaraciones es apuntalar la narrativa adelantada por el presidente en el acto del Día de la Constitución: presentar al Gobierno socialista como salvador del Estado del bienestar frente a los "recortes" de las comunidades autónomas del PP, que convierten la sanidad en un "negocio de unos pocos, siempre para las mismas empresas afines".

El problema es que este relato choca con datos incontrovertibles.

La ministra de Sanidad podrá acusar al Gobierno de Ayuso de aplicar "un complejo sistema por el cual los pacientes de la pública acaban en hospitales privados" pagados con recursos de la Comunidad.

Pero lo cierto es que los principales indicadores certifican que la Sanidad madrileña funciona razonablemente bien en comparación con la de otras comunidades autónomas, según atestigua también que casi el 80% de los usuarios madrileños del sistema público se declaran satisfechos con él.

Uno de esos buenos indicadores son las listas de espera que, según Mónica García, afectan en particular a la región. Obviando que según los propios datos del Ministerio de Sanidad, Madrid fue la comunidad con la menor lista de espera quirúrgica en 2024 de toda España.

Muy por encima de Cataluña, gobernada por el PSOE, que fue en 2024 la región con la lista de espera quirúrgica más larga. Un tiempo medio de espera de 145 días, frente a los 48 de Madrid.

También la ministra de Vivienda se ha ocupado de enfatizar que el paradigma de la Comunidad de Madrid es "el modelo que nosotros combatimos, en vivienda o en Sanidad, que es el beneficio para unos pocos"

Pero, como García

Porque la Ley de Vivienda, que ha vuelto a instar a aplicar al Gobierno de Ayuso, ha contribuido a incrementar los precios de la vivienda, al generar una mayor inseguridad jurídica a los propietarios con sus limitaciones al precio de los alquileres para las zonas tensionadas.

Allí donde se ha aplicado, como en Cataluña, se ha reducido la oferta en un 28% y el precio se ha disparado un 11%.

De modo que el Gobierno parece decidido a ratificarse en sus fracasadas recetas intervencionistas, cuyo único efecto será el de agravar los problemas de acceso a la Sanidad y a la vivienda.

En el caso de Mónica García, con el añadido de que la anunciada derogación de la Ley 15/97 de gestión del Sistema Nacional de Salud no cuenta con los apoyos parlamentarios para salir adelante.

Entre otras cosas, porque ese modelo, que permite a las Administraciones suscribir conciertos con la sanidad privada para externalizar algunos servicios y derivar pacientes, es intensamente empleado en Cataluña.

El Ministerio de Sanidad está intentando aventar el demagógico argumentario de que el ánimo de lucro está reñido con la calidad del servicio asistencial.

Pero lo cierto es que los mejores sistemas de Salud, como el madrileño, funcionan bien precisamente gracias a la colaboración público-privada que ahora quiere limitar el Gobierno.

El Gobierno entiende que el sistema de concesión como el que se aplica en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (que Moncloa ha tomado como casus belli contra Ayuso) establece una supervisión pública insuficiente.

Pero siempre podrán discutirse las modalidades de colaboración público-privada, estudiando otros tipos de conciertos que habiliten a los gobiernos regionales a imponer más condiciones prestacionales o más mecanismos de evaluación de calidad. También cabe aumentar la frecuencia de las inspecciones periódicas que revisan cómo funcionan los hospitales públicos de gestión privada.

Dicho esto no sin puntualizar que unos comentarios desafortunados (las instrucciones dadas por el CEO de Ribera Salud para alargar las listas de espera o descartar prácticas no rentables) no deberían ser por sí mismos motivos para replantearse todo un modelo.

Máxime cuando la revisión de la Consejería de Sanidad ha verificado que en el hospital no se produjeron malas prácticas, y que la actividad asistencial se desarrolla satisfactoriamente.

Todo ello no cuenta para Sánchez, cuyo único interés consiste en satanizar las soluciones privadas. Y todo por aferrarse a la única baza electoral que le queda para el nuevo ciclo electoral: un marco discursivo con el que intentar contrarrestar la corrupción del PSOE con la privatización del PP.