La insólita cancelación de la última etapa de La Vuelta a España forzada este domingo por los manifestantes propalestinos, de la que ya se están haciendo eco algunas cabeceras de la prensa extranjera, va a deteriorar gravemente la imagen internacional de nuestro país.

Y resulta especialmente preocupante que quien haya contribuido al boicot de uno de los eventos deportivos más importantes del año en España sea el propio Gobierno de España.

A lo largo de la semana anterior, ministros del PSOE y de la cuota de Sumar se han empleado en calentar el final de La Vuelta, respaldando a los manifestantes, solicitando que se suspendiese la competición o, incluso, como el ministro de Exteriores, mostrándose "partidario" de expulsar de ella al equipo Israel-Premier Tech.

Pero este domingo el presidente del Gobierno en persona ha asumido la vindicación de las peligrosas protestas que han venido jalonando La Vuelta 2025 desde que el pasado 3 de septiembre se produjesen, a su paso por Vizcaya, los primeros altercados con el fin de interrumpirla.

Pedro Sánchez ha manifestado en un mitin su "admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Es evidente que Sánchez está tratando de explotar electoralmente la cuestión palestina.

Y lo cierto es que, con independencia de su fundamentación, sobran los motivos para abanderar la causa, a la luz de la barbarie perpetrada por Netanyahu en Gaza

Pero Sánchez no está legitimado para movilizar a la izquierda al precio que sea.

Porque es de una insensatez supina que quien tiene la encomienda principal de garantizar el orden público se dedique a atizar el fuego de la agitación callejera. Enviando así a la ciudadanía un mensaje que, si bien no bendecía directamente las acciones violentas, sí ha alentado un marco de legitimación de la misma.

Y resulta aún más irresponsable jalear a los manifestantes el mismo día en el que estaban convocadas distintas protestas, en señal de repulsa a la participación del equipo israelí en La Vuelta, en varios puntos del itinerario, que habían obligado a la organización a alterar el recorrido.

Y cuando en la etapa de la víspera ya se habían producido incidentes instigados por los primeras espadas de Podemos llamando al sabotaje en la etapa final.

Cabe recordar que Sánchez ya ha establecido relaciones diplomáticas con el virtual Estado palestino.

Ha promovido la suspensión del Acuerdo de Asociación de la UE con Israel.

Y acaba de aprobar una serie de medidas de presión al gobierno hebreo como el embargo de armas.

También podría haber solicitado formalmente la cancelación de esta edición de La Vuelta. O haber exigido que no admitiesen en ella al equipo israelí.

Y si Sánchez quisiera escalar aún más su cruzada contra el "genocidio", aún le quedarían opciones políticas como romper relaciones con Tel Aviv.

O, por qué no, convocar y ponerse en cabeza de una manifestación desde el PSOE contra la masacre en Gaza.

Pero lo que no puede hacer es estimular que se proteste contra un evento deportivo celebrado en el espacio público, compartido por todos los ciudadanos.

A esta temeridad se le añade la monumental incompetencia de su Gobierno, personificada por el máximo responsable de velar por la seguridad en la calle, Fernando Grande-Marlaska, que también defendió las protestas propalestinas como "necesarias y legítimas".

Y, sobre todo, del delegado del Gobierno en Madrid, que no sólo se había comprometido el sábado a garantizar la protección de "los manifestantes que quieran protestar frente al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza".

Después de las invasiones de calzada y de la meta, y de los derribos de las vallas de contención en el último tramo de la etapa, que obligaron a evacuar a los ciclistas, el delegado del Gobierno ha justificado los incidentes de una forma bochornosa:

"El pueblo de Madrid ha enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad".

Es incomprensible que, habiendo desplegado el mayor operativo policial hasta la fecha en Madrid para un evento deportivo, con más de 2.000 agentes, el Gobierno se haya visto desbordado por los agitadores.

Lo cual invita a sospechar que, queriendo evitar imágenes de detenciones y reducciones, se ha sido demasiado laxo en el dispositivo policial.

Que el Gobierno se haya mostrado incapaz de garantizar la seguridad de los deportistas, el público y los viandantes merece la destitución inmediata de Marlaska y de Francisco Martín.

Pero este episodio lamentable inflige un daño severo a la marca global de España como un país serio y seguro en el que poder celebrar eventos de gran magnitud.

Por eso, no cabe enorgullecerse de estos manifestantes, como ha hecho Sánchez. Ni es cierto, como arguye el PSOE en el argumentario con que ha celebrado la suspensión de la etapa, que "esto habla muy bien del pueblo de Madrid".

Al contrario, compromete severamente la fiabilidad de España y, por ende, malogra su reputación como anfitrión de eventos deportivos internacionales.

Y cabe recordar, en este sentido, que nuestro país es uno de los encargados de organizar el Mundial de Fútbol 2030.