El vicepresidente segundo y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, ha detallado este jueves de forma pormenorizada las necesidades de la Generalitat en Las Cortes valencianas. Y ha reprochado a la oposición que le critique por querer mantener los contratos de emergencia a la vez que le "metan prisa" para resolver la situación actual.

El Gobierno autonómico ya puso sobre la mesa hace dos semanas el diagnóstico del alcance de daños económicos y sociales que produjo la dana del pasado 29 de octubre. Un informe que ha tardado en elaborarse cerca de 150 días y que refleja con cifras la magnitud de la tragedia en todos los ámbitos. 

Más de 850 kilómetros de carreteras deterioradas, más de 11.000 viviendas dañadas, 306.000 personas afectadas y unas pérdidas económicas para la Comunidad de alrededor de 17.800 millones de euros. Más de 64.000 empresas afectadas, 33.000 trabajadores acogidos a un ERTE y cierres previstos de comercios ante la imposibilidad de reabrir los negocios.

Esta es la foto fija actual. Y la Generalitat se enfrenta a un desafío sin precedentes para reconstruir la región y devolver cierta normalidad a las localidades devastadas, hoy ya en situación de emergencia 1. 

Pero aunque el nivel de emergencia haya bajado (y, con ello, se haya disuelto el Cecopi), lo cierto es que el escenario continúa siendo dramático. Como muestra, cerca de 6.000 ascensores de los 10.000 (el 60%) que se estropearon con motivo de la riada siguen sin funcionar.

El ritmo de reparación de estos ascensores es de 65 diarios, siempre y cuando las piezas necesarias para hacerlo estén disponibles. De no estarlo, administradores y comunidades de propietarios deben reclamarlas a proveedores o fabricantes para poder avanzar en la recuperación de la normalidad. 

La Generalitat necesitará al menos de 93 días para solucionar este problema. Y es una expectativa de mínimos, pues el vicepresidente para la Reconstrucción ha reconocido que existe falta de mano de obra y de formación para reparar las máquinas. 

La situación sigue siendo de urgencia. No en vano, el Gobierno ya trabaja en el realojo de los afectados. 

Pero el ritmo de la recuperación se verá afectado si el Gobierno no escucha las demandas que tanto los ingenieros expertos en la materia, como también la Generalitat, reclamaron este miércoles en el Wake Up, Spain!: mantener los contratos de emergencias para ser "más eficaces y ágiles" en devolver la normalidad al territorio.

Esta herramienta serviría, además, para favorecer la construcción de las obras proyectadas para encauzar los barrancos (del Poyo y La Saleta) en el menor tiempo posible, de manera que hechos similares no vuelvan a ocurrir ante nuevos fenómenos climatológicos adversos. 

La Junta de Contratación establece como criterio para contratar por emergencia que se produzca un acontecimiento catastrófico, como es la dana, y que no sea suficiente para resolver la situación la utilización de otros procedimientos más restrictivos que incluyan la concurrencia pública. 

Algo que ya han expuesto en reiteradas ocasiones los técnicos y la administración autonómica. El Gobierno debe escuchar a una Generalitat que "no puede asumir el reto en solitario", como ha reconocido Carlos Mazón. Y debe atender con urgencia la petición realizada este jueves por parte del Govern.

No hay excusa para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga instalado en su tacticismo político, lo que hace que no exista interlocución alguna, como lamentó Gan Pampols en el Wake Up, entre el Gobierno central y el autonómico. Lo lógico sería poner en marcha una comisión mixta en la que ambas administraciones coordinen la recuperación.

Sánchez tampoco puede desoír el clamor de los ayuntamientos afectados, que solicitan que las administraciones sigan contratando de forma ágil por vía de urgencia. La situación es todavía dramática, y un incremento de las trabas burocráticas y de las duplicidades sería fatal para lograr la ansiada reconstrucción.