Los españoles cierran un año tacaño en buenas noticias con una tan positiva como largamente esperada. La del pacto entre PP y PSOE plasmado en una proposición conjunta para la reforma del artículo 49 de la Constitución y la sustitución del término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".
El debate en el Congreso de los Diputados sobre el nuevo articulado tendrá lugar en un futuro pleno monográfico durante el mes de enero.
La noticia es positiva, en primer lugar, por el contenido en sí de la reforma. Los colectivos afectados llevaban años reclamando un cambio en la terminología por la carga peyorativa asociada a la expresión que ahora se eliminará de la Carta Magna.
La reforma, es cierto, afecta a un colectivo relativamente limitado. Pero refleja unos valores compartidos por PP y PSOE sobre la dignidad de las personas, el papel del Estado y la sensibilidad del legislador ante las demandas sociales de los ciudadanos.
La redacción del nuevo artículo 49 sustituirá en su punto 1 el término "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" por la expresión "personas con discapacidad". También añadirá un punto 2 en el que se afirma que "los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad" y en el que se dice que "se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".
En segundo lugar, esta reforma de la Constitución supone una buena noticia por el momento en que se ha producido.
Porque el cambio en la redacción de la Carta Magna ha sido el único acuerdo que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lograron concretar en su reunión del pasado 22 de diciembre.
Los líderes de PP y PSOE se comprometieron también en esa reunión a limitar la reforma al artículo 49 de la Constitución, impidiendo que los grupos minoritarios añadan peticiones extemporáneas durante el proceso de enmiendas o que exijan un referéndum para la aprobación del nuevo articulado, algo que puede solicitar el 10% de los diputados o de los senadores, según determina el artículo 167.3 del texto constitucional.
La reforma, negociada con discreción por Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP, es la tercera de la Constitución desde 1978.
La primera tuvo lugar en 1992, cuando se añadió la expresión "y pasivo" en el artículo 13.2 en referencia al derecho de los extranjeros comunitarios a ser elegido en las elecciones municipales. Dicha reforma supuso la adaptación de la Constitución a una exigencia del Tratado de Maastricht.
La segunda se produjo en septiembre de 2011 y culminó con la modificación del artículo 135 de la Carta Magna para añadir en ella el concepto de "estabilidad presupuestaria". De nuevo una exigencia de la UE tras la crisis financiera de 2008.
Esta será, por tanto, la primera reforma de la Constitución que no se produce por una exigencia externa, sino por la exclusiva voluntad de PP y PSOE.
Esta reforma culmina un largo camino iniciado hace casi veinte años, cuando José Luis Rodríguez Zapatero se hizo eco de las peticiones de los colectivos de personas con discapacidad. La reforma no salió adelante en su momento por la intención del presidente de incluir también en el proceso la reforma del Senado.
Posteriormente, la reforma se retomó en 2021, pero fue frenada por la enmienda a la totalidad del PP liderado por Pablo Casado y de Vox.
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo son, por tanto, los artífices del desbloqueo de una reforma constitucional largamente deseada y muy trabajada. El acuerdo entre los líderes de los dos principales partidos españoles demuestra así que los pactos de Estado son posibles si existe la voluntad necesaria para ello.
La reforma tiene además un especial valor simbólico dado el ambiente fuertemente polarizado que ha vivido la política española durante los últimos años. Se produce además cuando algunos sectores de la derecha ponen en duda la lealtad constitucional del Gobierno, y sectores homónimos de la izquierda cuestionan la aceptación por parte de la oposición de la legitimidad de la presidencia de Pedro Sánchez.
Este acuerdo debería, por tanto, sentar un precedente y devolver al terreno de lo cotidiano lo que durante las dos primeras décadas de la democracia fue normal: los pactos entre los dos grandes partidos nacionales en temas de Estado.
