La visita de Pedro Sánchez a Israel, primer destino de la gira que lo llevará también a Palestina y Egipto, despertó ayer interés por varias razones.

Por un lado, está su condición de jefe de Gobierno de una importante democracia occidental, a cargo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

La cita, además, se dio en un momento clave, a sólo unas horas del alto el fuego en Gaza previsto para hoy. Después de casi 50 días de una guerra contra Hamás que se inició cuando el proxy iraní entró en Israel para asesinar con brutalidad medieval a más de 1.400 personas y secuestrar a otras 240.

Por otro lado, despertaba expectación la posición que expresaría Sánchez ante el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, precisamente cuando España pretende mediar entre las partes en una conferencia de paz, similar a la de 1991, que tendría lugar en Madrid.

Esa posibilidad no parecía muy probable después del choque con la Embajada israelí, que llegó a acusar a miembros del Gobierno español de "alinearse con el terrorismo".

Pero esa opción quedó casi descartada por completo tras la tensión con Netanyahu generada por Sánchez en su visita a Israel.

Sánchez ha afeado públicamente al primer ministro israelí que "la respuesta a los atentados no puede ser la muerte de miles de niños", sin atender al hecho de que las cifras son proporcionadas por Hamás y al de que los niños sirven a los terroristas como escudos humanos.

Sánchez también ha pretendido aleccionar a Netanyahu diciéndole que el terrorismo no se combate únicamente "con la fuerza", una afirmación que confunde a los terroristas de Hamás con la situación del pueblo palestino y que, como mínimo, resulta inoportuna en el escenario actual. Sencillamente, no era el momento para plantear esa reivindicación.

Las palabras del presidente fueron desacertadas. Mientras trata de garantizar su seguridad y traer de vuelta a cientos de compatriotas secuestrados, después de un trauma que los israelíes equiparan al 11-S para los estadounidenses, Israel no necesita lecciones morales, sino el respaldo del resto de democracias.

En los últimos dos años, Sánchez se ha mantenido firme en el apoyo a la defensa de la democracia en Ucrania, pese a las presiones internas de sus socios de legislatura para retirarlo en favor del invasor ruso.

En cambio, comienza a reinar la sospecha de que la influencia de los socios es más poderosa cuando se trata de Israel, quizá porque se trata de un conflicto más lejano y en el que las discrepancias con el resto de democracias occidentales salen más "baratas".

Las voces de Unidas Podemos que reclamaban la rendición de Ucrania eran ignoradas. Pero las opiniones sobre esta guerra verbalizadas por Sumar, formación que pide la ruptura de las relaciones diplomáticas con Tel Aviv y que incluye a dos ministros que votaron contra una resolución europea en contra de Hamás, parecen tener un peso inquietante sobre las decisiones del presidente.

No es descabellado concluir que las tiranteces escenificadas por Sánchez con su homólogo israelí no responden a una determinación estratégica internacional, sino a la voluntad de cohesionar su Gobierno. Es decir, a motivos de política interna en los que Israel y los palestinos son sólo una excusa. 

A corto plazo, no parece que ninguno de estos reproches vaya a contribuir a que España sea vista en la comunidad internacional como una candidata seria para la mediación en el conflicto. Sánchez pierde, pues, una oportunidad diplomática en pro de su política interior.

Pero las consecuencias a medio plazo pueden ser peores. Sánchez debe meditar si acercarse a las posturas de Turquía o los Hermanos Musulmanes y alejarse de las del resto de Occidente es lo más conveniente para España. Especialmente en un momento en que el tablero geopolítico es sensible como un avispero y donde cada paso debe darse con sensibilidad. 

Porque una idea debe quedar clara. Está en el interés de España que Israel gane esta guerra contra el terror islamista. Y ese interés tiene que primar, en todo momento, sobre cualquier instinto de supervivencia de un presidente del Gobierno.