En el contexto de un escenario político envilecido por la crispación, una imagen como la que han protagonizado este martes Teresa Ribera y Juanma Moreno invita a la esperanza. Después de una larga reunión, llegaron a un acuerdo para encontrar una alternativa a la ley de ampliación de regadíos en la corona norte del Parque Nacional de Doñana, que ha propiciado meses de agrios desencuentros entre el Gobierno y la Junta de Andalucía.

La ministra para la Transición Ecológica y el presidente andaluz se dan así una tregua en la guerra del agua que comenzó con la tramitación de la proposición de ley en abril, y que iba a quedar aprobada el próximo martes. 

Este texto, que pretende la recalificación de 800 de hectáreas suelo agrícola, no ha sido retirado, pero sí aplazado al menos durante un mes. Pero es "un ejemplo de que se pueden llegar a acuerdos", como aseguran a este periódico fuentes conocedoras del encuentro.

Esta es la opción más deseable. Porque no puede olvidarse que la Comisión Europea amenazó con la imposición de multas si la Junta acaba autorizando más extracciones del sobreexplotado acuífero de Doñana. Algo que, en cualquier caso, Moreno Bonilla negó en todo momento, alegando que el riego sólo podría proceder de aguas superficiales.

Pero la voz de alarma de Bruselas y la comunidad científica sirvió al menos para disuadir al gobierno regional de perseguir una solución unilateral para las reclamaciones de los agricultores onubenses. Es indudablemente preferible que un conflicto de estas características se aborde desde la coordinación de las administraciones de distinto signo.

Y no, como sucedió en abril, con descalificativos como los proferidos por la ministra contra el presidente autonómico. Y más cuando el Gobierno, como publica hoy EL ESPAÑOL, abrió la guerra de Doñana con la Junta mientras pedía a la UE dos años más para erradicar los pozos ilegales.

Tampoco fue un acierto politizar una cuestión concerniente al interés general como hizo el PP, que aprovechando una coyuntura electoralista (a 50 días del 28-M) se lanzó a polemizar con Moncloa para arrebatarle el voto socialista en la zona. Y para presionarle y que acometiera las obras del trasvase Odiel-Tinto-Piedra comprometidas en 2018.

Por eso la insólita reconciliación entre Ribera y Moreno Bonilla debería servir como ejemplo para que, en la política española en general, este tipo de imágenes de cordialidad no fueran la excepción sino la norma.

Es de justicia recordar que el presidente andaluz se había mostrado dispuesto a aceptar una modificación de la ley de existir una alternativa "creíble y viable". Aunque no se trata ahora de disputarse la autoría de la iniciativa de haber desenquistado el conflicto, como han querido hacer el Gobierno y la Junta.

Lo importante es que ambos ejecutivos están trabajando conjuntamente por un bien común, y que no es una entelequia: compatibilizar la preservación del ecosistema de Doñana con la protección de la importante actividad económica de la zona.

Este consenso debería ser el preámbulo para que PP y PSOE exploren, como también solicitó por unanimidad la comisión que analizó en junio en el Parlamento andaluz la regularización de regadíos, un pacto de Estado para encontrar una salida a la situación actual.

Este periódico no se ha cansado de reiterar que urge un gran pacto de Estado por el agua. Un nuevo Plan Hidrológico Nacional para una mejor gestión de los recursos hídricos y un mejor régimen de reparto, y sin que se produzcan conflictos periódicos entre las Administraciones y las regiones. 

Por lo pronto, los actores políticos deben llegar a la convicción que ya comparten la gran mayoría de los españoles: nunca habrá grandes reformas sin el acuerdo de los dos grandes partidos.