Hay que reconocerle a los socios de Pedro Sánchez, al menos, su virtud para expresarse con sinceridad, como ha hecho este domingo Carles Puigdemont al equiparar la negociación de la investidura con la negociación de un "crédito".

Frente a los torpes vericuetos retóricos con los que el PSOE acostumbra a intentar aclimatar a la opinión pública, para forzar un trágala de las iniciativas impopulares, sus interlocutores hablan abiertamente sobre la motivación de estos cambios de postura. A saber, la pura necesidad circunstancial y la urgencia por conseguir votos.

Y es que aunque en el PSOE todavía no se abren a hablar directamente de amnistía (los contactos con Junts permanecerán congelados hasta después del 1-O y la investidura fallida de Feijóo, y se dejará abierto el "plan B" de la repetición electoral), el argumentario de ministros y dirigentes socialistas ya habla de "fórmulas para el diálogo en el marco de la Constitución". Y de "pasar página" para la "mejora de la convivencia en Cataluña".

Este recurso a los eufemismos ya lo conocen los españoles de cuando los socialistas justificaron la reforma del delito de malversación en la necesidad de "homologar nuestro ordenamiento jurídico a la legislación europea". 

Pero sus socios independentistas se han venido ocupando de desvelar este disfraz discursivo. Gabriel Rufián aclaró que ERC arrancó al Gobierno la eliminación del delito de sedición a cambio de su apoyo a los Presupuestos. Y que la concesión de los indultos a los condenados por el procés también fue una imposición suya, y no un instrumento para "pacificar el conflicto en Cataluña". Por eso se sinceró Oriol Junqueras al jactarse de que el alivio penal al separatismo "bajará el precio para cuando lo volvamos a intentar".

Teniendo en cuenta los antecedentes, resulta grotesca la justificación que ha dado Yolanda Díaz para sostener la extinción de los delitos del procés que el Gobierno prepara, al argumentar que "hay tres tipos de amnistía", y que la que se negocia con Junts es la "amnistía para resolver conflictos políticos". Un relato que resulta más extravagante si cabe cuando se recuerda que Jaume Asens admitió que la amnistía es el "pago" de la investidura.

Precisamente en términos monetarios se ha expresado Puigdemont en su cuenta de Twitter, con sus habituales mensajes alegóricos. Alega que Moncloa tiene "todo el derecho a discutir las condiciones y a negociarlas", como "cuando vas al banco a pedir un crédito". Reconoce la legitimidad de "negociar si existe un período de carencia y el tipo de interés que te proponen, por ejemplo". Pero "si lo que quieres es que te den el crédito", entonces "no puedes ponerle condiciones y pedir que renuncie a cobrar intereses". 

Puigdemont, erigido en cobrador de Sánchez, pone negro sobre blanco que las exigencias que expuso el pasado 5 de septiembre en Bruselas son el valor del préstamo de sus siete escaños. Y que, como insistió su entorno, la amnistía es una condición previa para negociar y ni siquiera el "pago" para la investidura.

El precio de este crédito, el pago de los intereses que ha de venir después, no es otro que el referéndum de autodeterminación. El que, pese a lo que pretende Sánchez a cambio de la concesión de la amnistía, el prestamista no va a renunciar a cobrar ni a renegociar.

A estos intereses abusivos del usurero separatista se le suma el requisito previo para la concesión del crédito. Porque como publica hoy EL ESPAÑOL, Puigdemont condiciona el apoyo a la investidura de Sánchez a que el martes se apruebe en el Consejo de la UE la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

Entonces tendremos el indicio de hasta dónde es capaz de llegar Sánchez, que se ha ofrecido a correr con los gastos de la contratación de los nuevos traductores e intérpretes. Aunque lo más probable es que la decisión se posponga sine die, por el previsible veto de Eslovaquia y Suecia a que España sea el único país de la UE con cuatro idiomas oficiales en Bruselas.

En su acto de este domingo, Sánchez se ha mostrado triunfal y dado por hecha su investidura, porque ha buscado votos "hasta debajo de las piedras". Pero ¿realmente justifica el hecho de que "haya números para que el PSOE pueda seguir gobernando cuatro años más" que el Gobierno se avenga a pactar las cláusulas abusivas del crédito de Puigdemont?

Sánchez debe ser consciente de que todo lo que podrá conseguir de Junts es un "período de carencia". Es decir, que podrá negociar con sus prestamistas un aplazamiento temporal de la devolución de la consulta de independencia, pero no dejar de pagar los intereses.

Y este precio no sólo resulta inasumible incluso para Sánchez y para el PSOE, sino también para el conjunto de los españoles.