El martirio de Alexei Navalny no tiene visos de concluir mientras Vladímir Putin siga en el poder. La justicia rusa ha condenado al disidente ruso a una nueva pena de 19 años de cárcel, cuando ya estaba cumpliendo una sentencia de once años y medio por estafa.

Naturalmente, ni este ni los nuevos cargos por los que ha sido declarado culpable (financiar e incitar al extremismo) tienen ninguna base jurídica, más allá de la de una persecución política amparada por la ausencia de independencia judicial en la Rusia de Putin. 

También ha sido condenado por "rehabilitar el nazismo". Curiosamente, la misma argumentación disparatada con la que se justificó la invasión de Ucrania.

Es una práctica habitual de los regímenes autoritarios recurrir a la acusación de traición a la patria para criminalizar a las voces críticas con los gobiernos despóticos. Y es este intento de silenciar al último gran líder de la oposición democrática que aún queda en Rusia lo que está detrás del encarnizamiento penal del Kremlin con Navalny.

No se puede olvidar que los servicios secretos rusos intentaron directamente acabar con su vida. El envenenamiento de Navalny en 2021 sirvió para confirmar que el régimen de Putin no sólo se ha dedicado a censurar, intimidar y encarcelar a la oposición, sino que ha llegado a recurrir a la eliminación física de los disidentes.

Ahora, Navalny tendrá que cumplir la pena con un régimen especial que se aplica a los presos con cadenas perpetuas y que presenta las condiciones carcelarias más duras. Su aislamiento tiene también la motivación de impedir que esté en condiciones de dirigir la oposición desde la cárcel.

La persecución de Navalny se remonta hasta 2011, cuando expuso con pruebas la corrupción sistémica sobre la que se asienta la cleptocracia rusa. Su fundación, que denunció el enriquecimiento ilícito de los altos funcionarios (incluido Putin) fue ilegalizada hace dos años, acusada de organización extremista.

Después de la intensificación de la represión política que ha seguido a la invasión de Ucrania, el Kremlin ha redoblado su ensañamiento con quien fue capaz de sacar 100.000 personas a la calle para denunciar el fraude electoral, llegando a postularse como un serio rival para arrebatarle el poder a Putin. Ahora, y pese a la denuncia de la comunidad internacional, encadena años de prisión y aún debe ser juzgado por un tribunal militar por terrorismo, lo que podría acarrearle otra década entre rejas.