La retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont por parte del Tribunal General de la UE (TGUE) ha abierto la puerta a la posibilidad de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena emita una nueva orden europea de detención y entrega contra el prófugo catalán por malversación de fondos públicos. No podrá hacerlo sin embargo por sedición tras la eliminación del delito por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La sentencia del TGUE desmonta los argumentos con los que Puigdemont ha intentado durante años impedir o dilatar su entrega a la Justicia española. Y entre ellos el de que el expresidente del gobierno autonómico catalán es un perseguido político. O el de que la eliminación de la sedición, la rebaja de las penas por malversación y los indultos a otros líderes del procés demuestran que "el conflicto" es político, no jurídico.

El fallo del TGUE confirma la decisión del Parlamento Europeo, que en marzo de 2021 aprobó (con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones) el suplicatorio contra Puigdemont enviado por el juez Llarena. Confirma también que los hechos por los que se le acusa no tienen nada que ver con su actividad como europarlamentario dado que son anteriores a su elección como tal, así como que no existe indicio alguno de que las acciones de la Justicia española respondan a una persecución política.  

El TGUE desmonta también la presunta falta de competencia del Supremo con el argumento de que "en ausencia de cualquier disposición en la legislación de la UE que determine la autoridad competente para pedir el levantamiento de la inmunidad de un miembro de la Eurocámara, corresponde a cada Estado miembro, en el ámbito de su autoridad procesal, designar a esa autoridad".

Finalmente, el TGUE niega las acusaciones de falta de imparcialidad contra el ponente del suplicatorio de Puigdemont, el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki (adscrito al mismo grupo que Vox), con la tesis de que "la función de ponente se encomienda a un diputado, que, por definición, no es políticamente neutro. Ese diputado actúa no obstante en el marco de una comisión parlamentaria cuya composición refleja el equilibrio de los grupos políticos en el Parlamento".

La sentencia no supone sin embargo el final del camino para Puigdemont, que ya ha anunciado su intención de presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y de pedir medidas cautelares que le devuelvan la inmunidad a la espera de la decisión final, que podría llegar a principios de 2024.

Este no es, en fin, el paso definitivo para la entrega final de Carles Puigdemont a la Justicia española, pero sí acerca ese momento y limita todavía más las vías de escape del prófugo. Porque el procesamiento por malversación, un delito común a todos los Códigos Penales europeos (y que conlleva doce años de cárcel), junto con la pérdida de su inmunidad pone muy difícil a Bélgica, Alemania o Francia el rechazo de su extradición.

Y frente a eso, a Puigdemont ya sólo le queda una posibilidad. Fugarse a algún país donde no rija el sistema de extradición europeo. Probablemente Suiza, adonde ya han huido otros líderes del procés. Lo hará, eso sí, sin su sueldo de eurodiputado y a expensas del dinero que los catalanes quieran seguir transfiriéndole.