Si alguna institución se ha expuesto al desprestigio durante los años de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, esa ha sido la Guardia Civil. La última mancha llega por cuenta de la dimisión de la actual directora, Mercedes González, para entrar en las listas del PSOE por Madrid en las próximas generales.
González renunciará a un puesto de enorme prestigio dentro del cuerpo dos meses después de aceptarlo y su sustituto será Leonardo Marcos, actual director general de Protección Civil y Emergencias. Con él, ya van tres directores distintos de la Guardia Civil en apenas seis meses. Todos ellos han sido directores políticos.
Lo más grosero no es la dimisión en sí, sino los motivos para hacerlo. González se marcha por la certeza de que le aguarda un futuro más seguro dentro del Congreso de los Diputados, como una parlamentaria más, que a la cabeza de la Guardia Civil, donde puede ser cesada en verano, si el Partido Popular constituye un nuevo Gobierno tras las elecciones de julio.
Queda muy poco, por tanto, de su promesa durante la toma de posesión en abril. "Nada ni nadie puede manchar la inmensa limpieza de la Guardia Civil", sostuvo. Pero con su decisión, González desprecia una de las instituciones más respetadas por los españoles.
A decir verdad, llueve sobre mojado. Desde que Marlaska está al frente del Ministerio, el Instituto Armado sólo ha sufrido perjuicios. No es sólo que el trato de inferioridad respecto a otros cuerpos estatales se haya sostenido o ampliado durante la legislatura. No es sólo que se haya retirado atribuciones a la Guardia civil en una región tan simbólica como Navarra, donde transferirá sus competencias de tráfico a la policía foral a petición de EH Bildu.
En abril, María Gámez fue forzada a dimitir tras conocerse la implicación de su marido en la red de corrupción de los ERE de Andalucía, lo que incluye la compra de varias viviendas con los beneficios obtenidos por la trama.
Pero hay más. En mayo de 2020, Marlaska ejecutó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como número uno de la Guardia Civil en Madrid por negarse a informar a sus superiores políticos sobre una investigación al delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, que aprobó la manifestación del 8-M cuando el riesgo de contagios masivos por un virus letal era muy elevado.
De los Cobos recurrió su cese y el Tribunal Supremo falló a su favor y apremió a su restitución. Sin embargo, el daño y el descrédito ya estaban consumados. Todas las acciones de Moncloa dan cuenta, como poco, de una desconsideración crónica hacia este cuerpo policial. La Guardia Civil merece más respeto. No es una institución al servicio del Gobierno de turno, ni una agencia de colocación a medida del PSOE. Gobierne quien gobierne tras el 23-J, conviene corregir esta perversión del Instituto Armado.
