Poco después de haberse sometido a un plebiscito cuyo veredicto no podía haber sido más contundente, Pedro Sánchez quiere ahora volver a probarse con otro referéndum el próximo 23 de julio, como si se tratara de una segunda vuelta sobre su persona.

En cierto modo, es forzoso darle la razón al presidente en un aspecto. El mensaje de las urnas municipales y autonómicas ha sido tan demoledor para su partido y sus socios que ello aconseja "una clarificación sobre la voluntad de los españoles", sometiendo el "mandato democrático" de su Gobierno a la "voluntad popular".

Esta apreciación parece compartida por la gran mayoría de los españoles. Según se desprende del sondeo de Sociométrica-EL ESPAÑOL, el 68,6% aprueba el adelanto de los comicios, aunque cree que Sánchez lo hace por intereses personales. El 53,4% considera que es una decisión responsable.

Los españoles confirman así que desean resolver la incertidumbre generada durante los últimos años. Y no extraña que quieran poner punto final a la extenuante zozobra del Gobierno de coalición. En algunos casos, claro, validando su labor. Y en otros (probablemente, la mayoría), deslegitimándolo.

Es también la opinión de este periódico, que ve en el anticipo electoral la posibilidad de definir el escenario político, oxigenar el ambiente y permitir que los españoles opinen. Porque es preferible zanjar el clima de crispación y desajuste de fuerzas permitiendo que los españoles dicten sentencia en lugar de alargar la agonía seis meses más con un Gobierno deslegitimado en las urnas. Tampoco conviene prolongar hasta noviembre un fatigoso periodo de campaña tensionado por las llamadas a la resistencia contra los "fascistas", de un lado, y por la impugnación constante del Ejecutivo por otro.

En cualquier caso, la decisión de Sánchez de adelantar las elecciones generales no debe leerse como una asunción sincera de responsabilidades por el desastre del 28-M, sino como la última baza que le queda al presidente para su supervivencia personal.

Aunque puede que esta jugada para minimizar pérdidas no haya sido tan inteligente como Sánchez cree. El primer error de cálculo que ha cometido el presidente es confundir el suelo del PSOE con su suelo personal. Es decir, equivocar quién ha sido realmente el que ha recibido el castigo de las urnas este domingo.

Sánchez cree que el pésimo resultado de su partido se ha debido a factores externos a su gestión. Es decir, a la insistencia de sus rivales en "embarrar la campaña" con elementos extemporáneos como las listas con etarras o la compra de votos.

Pero no se da cuenta el líder socialista de que es justamente su gestión y su política de alianzas lo que los españoles han repudiado este 28-M. De hecho, si la distancia entre el PP y el PSOE no ha sido mayor es porque todavía una parte del voto se ha decidido en clave local y autonómica, donde los socialistas tenían buenos candidatos.

Así, han sido realmente las municipales y autonómicas las que han salvado a Sánchez de una debacle absoluta, y no al revés. Por eso resulta desconcertante que quiera borrarse ahora de la ecuación, sometiéndose a un nuevo referéndum como si no hubiera sido él el principal responsable del hundimiento del PSOE. De hecho, unas elecciones en las que se juzgue únicamente su liderazgo pueden ser demoledoras.

Por eso, resultan igualmente desatinadas las cábalas que Moncloa está haciendo a partir de una extrapolación de dudosa fiabilidad de los datos de las municipales y autonómicas a las elecciones generales. Parece creer el presidente que en dos meses, ceteris paribus, el bloque de PP y Vox no sumará los 176 escaños necesarios para gobernar España. Y se aferra al clavo ardiendo de que los resultados del 28-M apuntan más bien a una pérdida de poder territorial que a un hundimiento en votos.

Pero esta traslación prescinde de la consideración elemental de que el ámbito electoral para el que se emite el voto condiciona el sentido del mismo. Y, sobre todo, olvida que siempre ha sucedido lo contrario: el partido más votado en las municipales incrementa su ventaja en las generales.

El segundo error detrás de los cálculos que han motivado esta operación relámpago del presidente es pensar que las negociaciones con Vox para llegar a acuerdos de investidura le van a pasar factura a Alberto Núñez Feijóo.

En lo que se refiere a los ayuntamientos, el PP podrá gobernar sin necesidad del apoyo de la ultraderecha, salvo en casos puntuales donde los populares no hayan sido la lista más votada y pueda existir una mayoría alternativa, como Valladolid. Pero aún en esos casos bastará con dejar que Vox se retrate decidiendo si quiere apoyar a candidatos de izquierdas.

En lo relativo a las comunidades autónomas, el problema no será mucho mayor. Porque en la mayoría de ellas, los gobiernos autonómicos podrán constituirse después del 23 de julio. Por lo que el PP estará en condiciones de manejar los tiempos para paralizar o alargar la negociación hasta pasadas las elecciones.

Así, con este error de cálculo, Sánchez pierde el relativo beneficio que habría podido tener de haber concedido más tiempo para que se concretasen las posibles coaliciones entre PP y Vox, y rentabilizar así el hipotético desgaste de Feijóo.

Más allá de una posible desmovilización vacacional del electorado del centroderecha tras la victoria en el 28-M (que también afectará de igual manera al de izquierdas), lo va a tener difícil Sánchez para movilizar a los suyos con la estrategia del miedo a la unción gubernamental de "la extrema derecha".