El Consejo de Ministros aprobará hoy jueves, reunido de forma extraordinaria, un conjunto de medidas contra la sequía. Entre esas medidas se incluye la decisión de obligar a las empresas a suspender, modificar o limitar la jornada laboral de aquellos trabajadores más expuestos al calor extremo. Las medidas pretenden evitar casos como el del barrendero que murió el verano pasado en Madrid en plena ola de calor.

Dichas medidas, que irán acompañadas de otras específicamente diseñadas para paliar las emergencias hidrológica y agrícola, no son nuevas en España. Porque el Gobierno pone en marcha todos los años un plan nacional de actuaciones preventivas por altas temperaturas muy similar al que se aprobará hoy. 

El plan, o más bien el hecho de que este vaya a aprobarse en el marco de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, ha sido muy criticado por el PP. Feijóo recordó ayer que los populares "llevan meses planteando este problema". El líder del PP ha pedido a Sánchez que aplique "ya" un plan de inversiones contra la sequía doblando la inversión en políticas hídricas e hidráulicas hasta los 40.000 millones de euros.

Lo cierto es que el problema de la sequía no es nuevo, que lleva meses asolando España, y que la emergencia se conoce desde hace semanas. Convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a las puertas del inicio de la campaña electoral del 28-M y de un viaje del presidente a Estados Unidos permite sospechar, en fin, que entre los motivos para la urgencia destaca con fuerza el del electoralismo. 

Bienvenidas sean en cualquier caso las medidas si alivian las penosas condiciones de trabajo de aquellos trabajadores más expuestos a las altas temperaturas. Pero convendría reservar las convocatorias extraordinarias del Consejo de Ministros para cuestiones realmente extraordinarias, como el estallido de la epidemia de Covid, la erupción del volcán de La Palma o una llegada masiva de pateras a las costas españolas. 

Mención aparte merecen, una vez más, los trampantojos políticos a los que parecen ya definitivamente abocados los dos socios de gobierno hasta el final de la legislatura. Porque en la adopción de estas medidas, que afectan al mercado de trabajo y a las condiciones laborales de los trabajadores, Pedro Sánchez ha obviado tanto a los sindicatos, como a la patronal, como a su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Y de nuevo, una vez más, Yolanda Díaz se ha prestado a ese juego de improvisaciones del presidente que los españoles ya hemos vivido antes, por ejemplo con el aluvión de propuestas sobre la vivienda surgido de la Moncloa durante las últimas semanas. Con el agravante de que lo ha hecho de espaldas al partido al que todavía pertenece, al menos técnicamente, y de espaldas también a ese diálogo social que tanto dice defender. 

Hasta qué punto este torrente de medidas apresuradas del presidente tendrá impacto en el voto de los electores está por ver. El sentido común dice que cuando esas medidas se promulgan sin ton ni son, en respuesta a polémicas de corto recorrido y con intenciones como mínimo contradictorias, cuando no incompatibles, el resultado puede que no sea el deseado por aquel que las promueve. 

EL ESPAÑOL no se hace trampas al solitario y sabe que pedir racionalidad y contención a los partidos en plena campaña electoral es una aspiración condenada a la melancolía. Pero convendría que las medidas que se anuncian, y cuyo impacto será previsiblemente tan leve como cortoplacista, si es que llegan a aplicarse, no sirvan dentro de unos meses para olvidarse del problema con el argumento de que "ya se hizo algo en mayo".

Un plan contra la sequía, como un plan de vivienda, no se improvisa en 48 horas con medidas electoralistas. Ni es serio, ni eficaz, ni es lo que España necesita.