Dos conflictos sin relación entre ellos, pero coincidentes en el tiempo, amenazan con colapsar la Justicia española. 

El primero de esos conflictos, con diferencia el más grave de los dos, afecta al Tribunal Supremo. Con el 24% de la plantilla de magistrados vacante, la bolsa de asuntos pendientes crece día a día y se incrementa el tiempo de respuesta a los ciudadanos. 

Esta situación, como explica EL ESPAÑOL, es consecuencia directa de la ley promovida por el Gobierno en marzo de 2021 y que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en prórroga desde diciembre de 2018, hacer nombramientos discrecionales.

La norma fue diseñada para presionar al PP y obligarle a renovar el CGPJ. Utilizar al órgano de gobierno de los jueces para chantajear a la oposición es de una irresponsabilidad inaudita en un gobierno democrático. Más incluso a la vista de que, incluso desde un punto de vista maquiavélico, la treta del Gobierno sigue sin funcionar.

A cambio, la situación en el Tribunal Supremo es de emergencia extrema. 

Los recursos, en consecuencia, siguen acumulándose en el Tribunal Supremo por la falta de personal y podrían tardar años en ser resueltos. 

El colapso, además, afecta con especial gravedad a la Sala 3 del Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo. Sala que, casualmente, se ocupa de resolver los asuntos que afectan al Gobierno, como aquellos relativos a sus principales decisiones en materia económica, fiscal o medioambiental. 

Y frente a esta situación, la inacción de las Cámaras y del Ministerio de Justicia, que se niega incluso a facilitar la llegada de refuerzos al Supremo con la excusa de apuros presupuestarios, plantea la posibilidad de que el verdadero objetivo de esta obstrucción política no sea ya el de presionar al PP, sino el de conducir a la Justicia a una situación de bloqueo total en un contexto de desprestigio generalizado de las instituciones. 

La solución, como exigen varios de los vocales del CGPJ, es la derogación inmediata de la ley de marzo de 2021 (una ley difícilmente compatible con la Constitución, por no decir flagrantemente inconstitucional) y la devolución de las competencias arrebatadas al Consejo de forma tan ilegítima como irresponsable. 

Además, el Ministerio de Justicia debería aprobar de forma urgente las medidas de refuerzo solicitadas por el Tribunal Supremo y consistentes en disponer de más letrados en el gabinete técnico para la preparación de las resoluciones.

Paralelamente al bloqueo político del Tribunal Supremo y del CGPJ por parte del Gobierno, un segundo conflicto, en este caso laboral, amenaza con colapsar los tribunales "por abajo". Se trata de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que ha llevado a la suspensión de más de 110.000 juicios. Un problema de calado si se tiene en cuenta que esos juicios van a tener que ser reprogramados en un calendario de vistas donde no suele haber hueco hasta más allá de 2025. 

Sin ser comparable una crisis política e institucional como la generada por el Gobierno con una huelga laboral como esta, lo cierto es que la confluencia de ambos conflictos amenaza con conducir a la Justicia a una situación de bloqueo total. 

Es por ello por lo que el Ministerio de Justicia encabezado por Pilar Llop debería poner fin de inmediato a la huelga de los letrados con un acuerdo que respete lo acordado en 2022, cuando el Gobierno se comprometió a regularizar la situación de un colectivo que en 2009 vio como el trabajo del que se descargaba a los jueces recaía en ellos. 

El Gobierno no puede, o no debería, permitirse que dos conflictos como los mencionados paralicen el engranaje de la Administración de Justicia. Primero, por responsabilidad hacia los ciudadanos perjudicados. En segundo lugar, porque está en su mano solucionar ambos conflictos. En tercer lugar, porque ambos son responsabilidad suya. Y en cuarto lugar, por una elemental responsabilidad institucional.