El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial presentó ayer una nueva propuesta que, de ser aceptada por el ala afín al PSOE del órgano de gobierno de los jueces, permitiría desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional en apenas cinco días. 

Los nombres propuestos por el CGPJ son César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y María Luisa Segoviano, progresista, feminista y única mujer en la historia que ha presidido una Sala del Tribunal Supremo, la de lo Social. 

La aceptación de esta propuesta llevaría al Tribunal Constitucional a tres magistrados progresistas (la propia Segoviano, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la antigua asesora de Presidencia Laura Díez) y uno conservador, César Tolosa. 

Los nombres propuestos por el sector conservador del CGPJ son, a priori, irrechazables para el Gobierno.

En primer lugar, porque si el objetivo es conseguir una mayoría progresista en el TC, esta propuesta se la garantiza a Pedro Sánchez sin duda alguna.

En segundo lugar, porque esta es ya la segunda oferta que realiza el sector conservador después de que la primera (César Tolosa y el también progresista Pablo Lucas) fuera rechazada por los vocales afines al Gobierno. 

El motivo del rechazo de esa primera propuesta fue la insistencia del Gobierno en que el elegido fuera José Manuel Bandrés en lugar de Pablo Lucas. De acuerdo con las tesis del Gobierno, Bandrés garantiza que la futura presidencia del TC recaiga en Conde-Pumpido. Pablo Lucas, sin embargo, y a pesar de su perfil también progresista, no.

El rechazo de esta segunda propuesta del sector conservador, impensable a la luz del perfil de la candidata y del interés que el Gobierno dice tener en una renovación rápida del TC, conduciría las negociaciones a un bloqueo inexplicable. ¿Con qué argumentos explicaría el Ejecutivo esta vez su rechazo a una oferta que le permite contar con una clara mayoría progresista en el Constitucional? 

Un 'no' del sector progresista del CGPJ a María Luisa Segoviano no sólo sería un agravio hacia una candidata de impecables credenciales entre la izquierda, sino también la prueba de que la Moncloa no aspira, como dice, a renovar el TC para que este "refleje" las mayorías parlamentarias actuales, sino en designar a dedo a los candidatos que más le convienen por razones que un Gobierno transparente explicaría a los ciudadanos.

El Ejecutivo, en fin, demostraría con el rechazo de Segoviano que no sólo pretende nombrar a los dos magistrados que le corresponden legalmente, sino también a uno de los dos candidatos que le corresponden al CGPJ. Un capricho inaceptable y que confirmaría que el que está bloqueando la renovación del TC es el Gobierno, no el PP.

La negativa a Segoviano acreditaría también que el interés de Sánchez no es ya el de construir una mayoría progresista en el TC, sino el de aprobar (ahora mediante una proposición de ley) las enmiendas rechazadas por este el pasado lunes para cambiar las mayorías cualificadas en beneficio de unas mayorías simples inaceptables de acuerdo con los baremos democráticos de la UE y de nuestra propia Constitución.

Es decir, el de acabar con la exigencia de consensos amplios entre las fuerzas políticas mayoritarias para los grandes pactos de Estado y, muy especialmente, con los relacionados con el CGPJ y el TC. 

El rechazo de la oferta del sector conservador, oferta que desmonta ese mantra del "bloqueo de la derecha" que el Gobierno sigue defendiendo hoy en contra de toda evidencia, alargaría el proceso de desgaste de las instituciones al que ha conducido la incapacidad de PP y PSOE para llegar a un acuerdo aceptable para ambas fuerzas. 

La tercera vía para el desbloqueo de la renovación del TC está sobre la mesa del presidente del Gobierno. Se trata de una propuesta no sólo aceptable, sino claramente ventajosa para él. La alternativa es prorrogar la crispación y el bloqueo de dos instituciones clave de la democracia española por motivos espurios.