Sobre el nihilismo ecologista, el archivo de Púnica y la ejemplaridad en Canal Sur

Dos jóvenes británicas han vertido salsa de tomate sobre el cuadro de Vincent van Gogh Los girasoles en nombre del ecologismo. A su vez, el instructor del caso Púnica ha archivado, ocho años después, la causa contra Esperanza Aguirre e Ignacio González. Mientras tanto, los partidos andaluces pactaban, sin votos en contra, el nombramiento del nuevo presidente de la televisión pública autonómica Canal Sur, un ejemplo de lo que debería haberse hecho en RTVE.

La joven con su salsa de tomate.

Lo peor del nihilismo ecologista

Ninguna causa, por noble que sea, justifica actos de vandalismo o violencia contra el patrimonio de la humanidad, que es aquel que trasciende las culturas y las generaciones. Es imperdonable y reveladora la forma de protesta de las dos adolescentes ecologistas que vertieron ayer salsa de tomate (enlatado en envases no reutilizables) sobre Los girasoles de Vincent van Gogh, en la Galería Nacional de Londres. Porque no sólo demuestra la profunda ignorancia de las perpetradoras, capaces de protagonizar cualquier atrocidad a cambio de unas horas de protagonismo. También constata el fanatismo en el que han derivado ciertos activismos sociales, abstraídos de la realidad y con evidentes inclinaciones nihilistas.

Las delincuentes pertenecen a un grupo que pretendía denunciar, según sus palabras, que "en el museo se muestra la creatividad y la brillantez humana, pero el fracaso gubernamental para actuar contra el cambio climático y el coste de la vida destruye nuestro patrimonio".

Quizá de la reprimenda que recibirán extraigan una o dos lecciones. Como que nada nace del odio y la destrucción, salvo miseria, y que la guerra contra la belleza no conduce a la justicia, sino a la barbarie. La misma en la que, desgraciadamente, está instalada buena parte del activismo que representan.

Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Una justicia demasiado lenta

El juez que instruye el caso Púnica, que investiga desde hace ocho años la supuesta existencia de una caja B en el PP madrileño, archivó ayer la causa contra Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González. De la lectura del auto, publicada parcialmente por EL ESPAÑOL, se desprende que "no puede considerarse acreditada" la participación de la expresidenta "en los hechos delictivos". De hecho, ni siquiera se han apreciado "indicios" por los que se deduzca que Aguirre estaba al tanto de corruptelas dentro de su partido. Lo mismo se concluye sobre González.

Los dos líderes populares madrileños han necesitado por tanto de casi una década para ser exonerados de una causa para la que ni siquiera se han encontrado argumentos que les llevaran a juicio. Es un hecho gravísimo. Porque puede que sus causas queden archivadas, pero sus nombres nunca se desligarán del proceso judicial.

Para gloria de sus adversarios políticos, por otra parte, que durante años los han señalado como emblemas de la corrupción. La lentitud del sistema judicial provoca daños irreparables. Pero Aguirre y González no son los primeros. Que se lo pregunten a empresarios como Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, que cumplió dos años de prisión preventiva por una acusación que fue finalmente desestimada.

Juanma Moreno y Juan Espadas.

Andalucía vuelve a dar ejemplo

Igual que sus barones hicieron acuse de recibo de la rebaja fiscal de Juanma Moreno, Pedro Sánchez podría imitar el ejercicio de responsabilidad y altura de miras al que ha llegado nuevamente Andalucía. Porque el PP y el PSOE andaluz han llegado a un acuerdo para nombrar, sin votos en contra, al nuevo presidente de la televisión autonómica. Algo que contrasta con el mecanismo empleado por el Gobierno de coalición para forzar la dimisión del anterior presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, y reemplazarlo por una directiva afín como Elena Sánchez.

La motivación de la operación en RTVE era clara, reforzar el control de los contenidos de la radiotelevisión pública a las puertas de un año electoralmente decisivo para la izquierda.

A diferencia de Sánchez, Moreno no ha recurrido a un cambio en los estatutos de la corporación regional para satisfacer sus intereses. Ha escogido la negociación y el consenso con el resto de representantes de la soberanía popular para decantarse por el perfil más adecuado para cumplir con una misión de servicio público y no partidista.

Este es el camino a seguir en una democracia sana, con un respeto sagrado por los ciudadanos y sus instituciones. El que sigue la Junta de Andalucía, y no Moncloa.

*** El Merodeador es el seudónimo colectivo de la sección de Opinión de EL ESPAÑOL integrada por Cristian Campos, Jorge Raya Pons y Víctor Núñez.