Las declaraciones de ayer viernes de la ministra Teresa Ribera en la cadena Onda Cero han tenido la virtud de añadir más confusión si cabe al ya de por sí borroso plan de ahorro energético que entrará en vigor el próximo miércoles. 

Un solo ejemplo. Mientras el real decreto ley aprobado por el Gobierno establece un rango de temperaturas para los aparatos de aire acondicionado de 19 grados máximos en invierno y de 27 mínimos en verano, Ribera afirmó ayer que ese intervalo se graduará en función de "la movilidad" del trabajador hasta "el entorno de los 25 grados". 

A renglón seguido, y tras afirmar que no se realizarán modificaciones sobre el real decreto ley, la ministra de Transición Ecológica abrió la puerta a que sus medidas se apliquen "con flexibilidad" según el tipo de actividad económica y el trabajo que se desempeñe en los locales comerciales y las empresas afectadas. 

Es difícil evitar la sensación de que la norma, que el Gobierno no negoció con los sectores afectados, ha sido redactada de forma apresurada, sin un estudio del impacto de sus medidas, y con la forma de un lecho de Procusto en el que deben encajar realidades tan dispares como las de Galicia o Andalucía, o como las de una panadería de barrio y un gran centro comercial o una oficina con 500 empleados.

Dudas sustanciales

El anuncio de que el Gobierno se reunirá con la CCAA el martes para aclarar las dudas que estas puedan tener acerca de la aplicación del real decreto ley es otra de las pruebas que demuestra la improvisación con la que se ha gestionado este asunto.

"[La reunión] se celebrará el martes por la mañana para que quienes tengan dudas sobre el real decreto ley en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética y las flexibilidades de su aplicación en virtud de la normativa de seguridad y salud laboral puedan plantearlas y quedar resueltas" dice la carta que el Gobierno ha remitido a las CCAA. 

Pero cuando las dudas son tantas y tan sustanciales como las surgidas desde que se anunció el plan cabe pensar que este ha nacido torcido y que su aplicación pende de un hilo. O, mejor dicho, de la buena o mala voluntad de sus destinatarios. 

Porque, ¿quién va a controlar que se apliquen estas medidas y con qué personal? ¿Hasta dónde llegará la "flexibilidad" anunciada por Ribera? ¿Cuál será el horario real de apagado de las luces de los comercios? ¿Con qué ayudas contarán las empresas y los comerciantes para adaptarse a las nuevas obligaciones? 

Tosquedad jurídica

La confusión generada por el plan de ahorro energético no es, sin embargo, una excepción a la norma. Porque el Gobierno lleva sin apuntarse un solo éxito en política interior desde las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021. 

La sensación es que el Gobierno funciona hoy a golpe de improvisaciones y ocurrencias, que la técnica legislativa ha sido sustituida por la tosquedad jurídica y las soluciones de brocha gorda, que ninguna de sus decisiones parece tener mayor objetivo detrás que el propagandístico, y que muy pocas de las acciones de Moncloa están relacionadas con el fin supuestamente perseguido.

Ejemplo de ello es ese impuesto a la banca y las energéticas cuya relación con la inflación sigue siendo un arcano y que se justificó por la necesidad de mayores ingresos en un momento en que el Gobierno está batiendo todos los récords de recaudación. Ejemplo de ello es también la nueva ley de bienestar animal de Ione Belarra, tan absurda en buena parte de sus medidas como el plan de ahorro energético. 

Para que las normas jurídicas sean aplicables no es tan importante que estas sean compartidas por todos los ciudadanos como que sean lógicas, racionales y, sobre todo, fiscalizables. Una norma cuyo cumplimiento es imposible de comprobar, o que deja amplios espacios de inconcreta "flexibilidad" al criterio de aquellos que deben obedecerla, no tiene mayor futuro. Y el Gobierno debería haber sido consciente de ello.