De la literatura del acuerdo pactado ayer entre el Gobierno y la Generalitat en la Moncloa se deduce que el Ejecutivo asume como propia, y renuncia a recurrir o fiscalizar, la aplicación de la norma autonómica que relega al español en la escuela catalana a la categoría de "curricular", la misma consideración de la que disfruta el inglés.

Dicha norma no es más que una treta que pretende esquivar las varias sentencias judiciales, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, una y otra vez, han defendido la condición de vehicular del español en una proporción mínima del 25%.

El acuerdo no se detiene ahí y pide también impulsar "reformas legislativas" que permitan superar la "judicialización" del "conflicto político" y "sus efectos" en Cataluña.

Como viene siendo habitual, el pacto entre el Gobierno y la Generalitat debe ser interpretado de acuerdo con el sentido que los términos clave tienen en Cataluña, y no con el que estos tienen en el lenguaje común.

Así pues, cuando el acuerdo habla de "superar la judicialización y sus efectos" se está hablando en realidad de una reforma del delito de sedición que evite la condena de aquellos líderes del procés, como Carles Puigdemont, que huyeron de la Justicia en octubre de 2017 y que todavía permanecen fugados. 

Se está hablando también de todos aquellos cargos independentistas que están siendo investigados por su implicación en el golpe contra la democracia de septiembre y octubre de 2017. 

Como informa hoy EL ESPAÑOL, el Gobierno ya tiene lista la reforma del delito de sedición y cuenta para ello con 190 votos asegurados en el Congreso de los Diputados.

¿Pretende dicha reforma del delito de sedición (tras la flexibilización del objetivo de déficit de las comunidades autónomas hasta el 0,3% del PIB que le permitirá a la Generalitat disponer de 500 millones de euros extra en 2023) ser la moneda de cambio que Pedro Sánchez entregue a ERC a cambio de su aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado? El tiempo confirmará o desmentirá la sospecha.  

Anomalía democrática

Esta es la primera vez que el Gobierno central asume, no ya la inmersión lingüística, que ha sido defendida por el PSC desde su implantación progresiva en las escuelas catalanas a mediados de los años 80, sino una norma destinada de forma obvia a esquivar la aplicación de una sentencia judicial contraria a los intereses de la Generalitat. 

Si a esa aceptación de la casi total marginación del español de las escuelas catalanas sumamos la reforma del delito de sedición llegamos a una conclusión inquietante: la de que el Gobierno está tolerando que la Generalitat lleve a Cataluña a un escenario de hechos consumados en el que el Estado sea poco más que residual en la región.  

A cambio, el Gobierno logra del Gobierno catalán una renuncia a la unilateralidad plasmada en la expresión "la apuesta por avances paulatinos y concretos sobre la base de acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario". Expresión que parece aludir a la necesidad de que cualquier nueva intentona que pueda desbordar el ámbito de la legalidad vigente cuente con una mayoría que vaya más allá del votante estrictamente separatista. 

Cataluña es la única región de un país occidental en la que sus ciudadanos no pueden estudiar en la lengua común, ampliamente mayoritaria y oficial en todo el territorio nacional. Con su acuerdo de ayer miércoles con la Generalitat, el Gobierno avala los hechos consumados y acepta esa anomalía democrática y lingüística. A cambio, se asegura el apoyo de ERC hasta el final de la legislatura.

Una vez más, el Gobierno paga con concesiones políticas de muy largo alcance minúsculas ganancias partidistas.