Cuando el presidente del Gobierno se atribuyó este pasado fin de semana la conversión de 67.300 plazas de personal sanitario interino en fijas, más de uno recordó los 800.000 empleos que Felipe González anunció que iba a crear en 1982 (y que, por cierto, acabó con 800.000 parados más).

Pero al menos Felipe González aprendió la lección. Cuando Barack Obama prometió en 2008 la creación de dos millones de empleos en los EEUU, el expresidente español le recordó que los empleos los crean las empresas, no el Estado. 

En el caso de esas 67.300 plazas que se convertirán en fijas durante los próximos meses, el mérito no le corresponde desde luego al Gobierno, sino a la UE, en primer lugar, y a las comunidades autónomas, en segundo lugar. 

A la primera, porque ha sido la UE la que en repetidas ocasiones ha tirado de las orejas al Gobierno español por el exceso de interinos en España.

En junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló contra el exceso de interinos en España. El Tribunal Supremo modificó su propia doctrina luego y determinó que un contrato interino no podía ser superior a los tres años. Pasado ese plazo, el trabajador debe pasar a la condición de indefinido no fijo. 

A las segundas, porque son ellas las que tienen traspasadas las competencias de Sanidad y las que deberán (algunas ya están en ello) convocar las oposiciones necesarias para la conversión de esas plazas interinas en fijas.

Un esfuerzo ajeno

La ley de interinos entró en vigor el pasado 30 de diciembre. De acuerdo con esa ley, el porcentaje de interinos no puede superar el 8% del total. Y este 22 de junio, Carolina Darias acordó con las comunidades la modificación del Estatuto Marco de los servicios de salud para que se ponga veto a los contratos temporales de más de tres años. 

Pedro Sánchez, en resumen, se está poniendo la medalla por una medida impuesta por la UE y aplicada por las comunidades autónomas.

Dicho de otra manera. Ni el Gobierno podía actuar de otra manera que cambiando la ley nacional mediante un real decreto ley para que ningún contrato eventual que firme un profesional sanitario sin plaza fija pueda durar más de tres años, ni las resoluciones del TJUE y del Supremo dejaban otra opción que esa. 

Hoy martes, el Consejo de Ministros aprobará las modificaciones del Estatuto Marco que han acordado el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Es decir, la adaptación de la ley de interinos al sector sanitario. 

"El esfuerzo que vamos a hacer es algo que no se había visto en la historia del Sistema Nacional de Salud a lo largo de la democracia", dijo el presidente en la entrevista en la que anunció la estabilización de esas 67.300 plazas.

Habría sido elegante que el presidente reconociera que quienes van a hacer ese esfuerzo son las comunidades, tanto del PP como del PSOE, dado que son ellas las que pagarán sus sueldos y las que han negociado con los sindicatos del sector sanitario.