La política energética del Gobierno dio ayer su enésimo bandazo. Aunque inicialmente el Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra no incluía, pese a las peticiones de la oposición y de los empresarios, ninguna rebaja fiscal, Pedro Sánchez ha rectificado al anunciar que rebajará el IVA de la factura de la luz al 5%. La misma medida que el PP pidió hace quince días y a la que el Gobierno se negó en redondo.

Tras evidenciarse el limitado impacto del escudo económico anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros en marzo para bajar el precio de la electricidad y poner freno a la inflación, el Gobierno anunció también que prorrogará y ampliará el plan inicial.

El varapalo que supuso el último dato del IPC, el hecho de que la "excepción ibérica" se estrellase el primer día de su puesta en marcha y los resultados electorales en Andalucía parecen haber llevado a Sánchez a transigir con la rebaja del IVA. ¿Pero es que ahora, al contrario que cuando lo propuso el PP, sí existe margen para bajar impuestos?

Eléctricas, chivo expiatorio

El despropósito de esta errática política energética es aún mayor si se tiene en cuenta que la rebaja del IVA de la luz quedará laminada por la otra medida que el Gobierno prepara. El aumento de los impuestos sobre las compañías eléctricas. Además, y como avanza hoy EL ESPAÑOL, el Ejecutivo se plantea ampliar este nuevo impuesto, todavía no concretado, también a otras compañías energéticas, como Acciona, Repsol y Cepsa.

Este señalamiento de empresas que han tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia, y que son los grandes grupos señeros de la economía española, no sólo supone un ejercicio de ensañamiento ideológico y demagógico. También pone a estas compañías en la picota con argumentos falsos. Pero el Ministerio de Transición Ecológica ha asumido como objetivo innegociable gravar los supuestos "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas. Un comodín del que Teresa Ribera echa mano cada vez que su Gobierno se muestra impotente para contener los desbocados precios de la energía.

Pero lo cierto es que la imagen que el Gobierno intenta vender, la de unas compañías lucrándose obscenamente del incremento de los precios de la energía, no se corresponde con la realidad.

Cuando el Gobierno critica los "beneficios extraordinarios" de las energéticas, se está refiriendo torticeramente a los beneficios globales, que incluyen los generados en otros países, no en España, y antes de impuestos. Por ejemplo, Iberdrola obtuvo en 2021 un beneficio de 3.885 millones de euros, de los que a España corresponden sólo 337 millones de euros. Esto supone una caída del 9% respecto al ejercicio anterior. Repsol, por su parte, perdió 758 millones de euros en nuestro país.

Son sólo dos ejemplos de la demagogia con la que se aborda el asunto desde el Gobierno y no pocos de sus medios de comunicación afines. 

Política energética sin rumbo

Fuentes del sector alertan de que los precios de la luz y de la gasolina subirán aún más por este impuesto adicional. Miembros del Gobierno reconocen además que petroleras, gasísticas y eléctricas repercutirán el nuevo impuesto en la factura de la luz.

Es decir, que al final serán los consumidores los que paguen unas medidas supuestamente destinadas a aliviar la subida de la factura de la luz. ¿Qué sentido tiene una batería de medidas destinadas a abaratar el precio de la luz pero que sólo logran encarecerla? ¿A quién benefician entonces esas medidas? Sólo al Gobierno, cuya recaudación se incrementará sensiblemente a costa del bolsillo de los ciudadanos.

Aumentar más los impuestos no es el camino, porque gravar a los productores supone gravar a los consumidores. La auténtica "excepción ibérica" es la de que España tenga la única tarifa de la UE regulada por el Gobierno en la que el término energético se liga al mercado diario.

Además, de la misma forma que el Estado de derecho prohíbe el derecho penal de autor, tampoco debería tolerar un régimen fiscal de autor que grave de forma distinta a distintas empresas en función de si el Gobierno juzga que estas atraviesan una situación económica "demasiado" boyante. Especialmente si esa supuesta opulencia, como hemos explicado antes, es falsa.

¿Cuál será entonces el próximo sector económico que sea víctima de los castigos a la carta del Ejecutivo? 

El Ejecutivo debe ser consciente de la irresponsabilidad que supone cargar contra empresas de prestigio internacional que son la auténtica marca España en mucha mayor medida que su desprestigiada clase política. Ni es justo ni es sensato señalar como chivos expiatorios de la subida de los precios de la luz a las compañías que van a tirar del carro de la renqueante recuperación de la economía española.