La decisión de José Luis Escrivá de cargar el 83,3% de la subida prevista de las cotizaciones a las empresas es un castigo a la CEOE por su negativa a someterse al trágala del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Según el pacto de Escrivá y los sindicatos, las empresas asumirán el 83,3% de la subida del 0,6 de las cotizaciones cuando la propuesta original era sólo de un 66%. 

Ante la negativa de la patronal a aceptar un incremento de las cotizaciones sociales que ni siquiera servirá para taponar el agujero de las pensiones, el ministro ha decidido romper la baraja, imponer el ordeno y mando y llevar al Congreso una propuesta que golpeará a las empresas y pondrá en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo.

La propuesta original de Escrivá era inasumible por las empresas porque ponía en riesgo la viabilidad de buena parte de ellas. La propuesta final, mucho más dura que la inicial, es una coacción por parte del ministro que la CEOE no puede tolerar. ¿Con qué derecho Escrivá y los sindicatos disponen del dinero ajeno, el de las empresas, para gastárselo en lo que ellos decidan de forma unilateral?

¿Estarían dispuestos Escrivà y los sindicatos a aceptar una decisión unilateral de la CEOE que redujera en un 50% sus respectivas dotaciones presupuestarias? ¿Así es como funciona ahora el diálogo social en manos de Escrivá? 

La reforma laboral peligra

La CEOE tienen la sartén por el mango. Porque es el Gobierno el que necesita el sí de la patronal a su reforma laboral y no las empresas las que necesitan llegar a acuerdo alguno con el Gobierno en este terreno. Es el Gobierno, en fin, el que se ha comprometido con Podemos a derogar una reforma laboral que si algo logró es dinamizar un mercado laboral que agonizaba tras la crisis de 2008. 

Puede que Escrivá doble el brazo a las empresas y logre que estas acaben asumiendo el coste de una medida populista y, sobre todo, inefectiva. Pero el Gobierno debería ser consciente del riesgo de que la CEOE traslade su malestar a las negociaciones sobre la reforma laboral. Una reforma que la UE vigila de cerca y que es mucho más importante que el parche de Escrivá a las pensiones. 

Forma y fondo inaceptable

La patronal sabía desde el sábado que Escrivá planeaba aumentar del 66 al 83,3% el porcentaje a pagar por las empresas. Y de ahí la convocatoria de un Comité Ejecutivo urgente. Comité del que salió la decisión de seguir sentados en la mesa de negociación, pero con una línea roja: la CEOE dirá no a aquellas medidas que sean negativas para el empleo, para las empresas y para la economía española en general. 

Pero no parece que esos tres elementos sean la principal de las preocupaciones de Escrivá, que ha preferido llevar al Congreso una propuesta rápida y unilateral que no es más que una patada adelante del ministro y de los sindicatos inaceptable tanto en el fondo como en las formas.

Como explicó ayer en su cuenta de Twitter el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, el aumento de las cotizaciones "recaudará en diez años tanto como para pagar sólo dos remesas mensuales de pensiones". 

Las pensiones no deben sostenerse sobre un aumento de la presión impositiva. Es la creación de empleo, el crecimiento de las empresas, el aumento de la inversión y el fin de la economía sumergida el que llevará, de forma natural, a la sostenibilidad del sistema y al fin de ese paro estructural que estrangula la economía española y contra el que se debe actuar con criterios tecnocráticos, no ideológicos.

Si el ministro Escrivá pretende dejar sin oxígeno a las empresas acabará sin duda alguna consiguiendo lo contrario de lo que pretende. El Gobierno debería generar confianza entre empresas e inversores, no abrazarse a sindicatos, populistas y radicales para dar manotazos de boxeador sonado contra los sectores productivos de este país.