La noticia de que el presidente chileno Sebastián Piñera ha decidido prorrogar el estado de excepción y la militarización del territorio mapuche a raíz de los reiterados ataques de terroristas indigenistas contra las fuerzas de seguridad es el último episodio de la caída del país hispanoamericano en el mismo abismo por el que se han despeñado otras naciones, con Venezuela a la cabeza, durante los últimos años.

Hasta hace sólo dos años, en octubre de 2019, cuando estallaron las primeras protestas de la extrema izquierda en Santiago de Chile por un incremento anecdótico del precio del metro, Chile era el país más estable, próspero y avanzado política y económicamente del Cono Sur.

Pero el país parece haber desviado en la actualidad su rumbo en el mismo sentido recorrido en el pasado por Argentina, Venezuela, Bolivia o Nicaragua, y su futuro es casi tan incierto como el de ellos.

Como explica EL ESPAÑOL, Chile vive hoy el escenario preelectoral más caótico e incierto de los últimos 40 años.

El 21 de noviembre se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Una primera vuelta que tiene como favoritos al candidato conservador José Antonio Kast y al comunista Gabriel Boric. Ambos, según los sondeos, cuentan con un 30% de los votos, lo que convierte en impredecible el resultado de unas elecciones que podrían sentenciar el destino del país para varias décadas.

Terrorismo indigenista

Pero la campaña electoral, ya suficientemente turbia al coincidir con el inicio de la redacción de una nueva Constitución cuyo proceso de gestación ha dejado momentos esperpénticos y más propios de un Estado fallido que de una democracia funcional, ha quedado opacada por los ataques terroristas contra fuerzas del orden.

La región de la Araucanía, localizada a 750 kilómetros al sur de la capital, es el escenario de esos enfrentamientos. Enfrentamientos en los que tanto terroristas indigenistas como pistoleros ligados al narcotráfico atacan a los Carabineros y a efectivos de la Armada de Chile. 

Esos ataques han provocado la muerte de un joven de 23 años durante unos enfrentamientos en la zona de Cañete (a 200 kilómetros de Temuco, capital de la Araucanía), y se suman a los sabotajes a líneas férreas y autobuses, los incendios forestales provocados y a la publicación de un vídeo, muy similar a los facturados por ETA, en el que un grupo de aproximadamente 30 terroristas del grupo terrorista mapuche Weichan Auka Mapu (WAM) llama a la lucha armada contra el Gobierno. 

En dicho vídeo, el portavoz de los terroristas proclama "el compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas, así como las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestras comunidades". 

El peor momento posible 

El hecho de que un país con una democracia equilibrada, un razonable (aunque mejorable) Estado del bienestar y un nivel de vida muy superior al de sus países vecinos haya podido caer en esta espiral de autodestrucción en el plazo de apenas dos años, y a partir de las protestas organizadas por un hecho prácticamente irrelevante, demuestra que el orden social chileno era mucho más frágil de lo que parecía.

No ayudan las acusaciones de supuestas irregularidades por la venta de unas acciones contra el impopular Piñera. La decisión de abrir el melón de un nuevo proceso constituyente en un momento de crisis social y de altísima volatilidad es, probablemente, la peor que podrían haber adoptado los líderes políticos y civiles chilenos. 

Está por ver que la nueva Constitución, que por el momento parece estar siendo capitalizada por los movimientos indigenistas y la extrema izquierda chilena, vaya a resolver alguno de los desequilibrios que, efectivamente, sufre el país andino. Pero el momento de altísima crispación actual no puede ser menos conveniente. Ojalá el resultado de dicho proceso no sea una Constitución a la medida del extremismo que incendió Chile en octubre de 2019.