PP y PSOE han avanzado más en las últimas 48 horas que en los últimos 1.000 días. Al anuncio de un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos se ha sumado la noticia de que los populares se han abierto también a la posibilidad de pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El CGPJ lleva en funciones desde 2018.
La buena sintonía entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, parece haber sido clave para un anuncio que, como informa hoy EL ESPAÑOL, ha sido redactado en el ordenador del primero.
El acuerdo no llega sin condiciones. El PP ha exigido garantías de que "se avanzará" hacia la independencia del Poder Judicial. La terminología es significativa puesto que lo que el PP pedía hasta ahora es que el PSOE votara a favor de una reforma de la legislación que permita que los vocales del CGPJ sean escogidos por los propios jueces.
El PP acepta ahora que el PSOE acceda a "avanzar" en la despolitización de la Justicia, tal y como piden Bruselas y las principales asociaciones judiciales, pero sin comprometerse a una reforma inmediata de la Ley del CGPJ.
Dicho de otra manera: el PP acepta renovar la cúpula judicial a cambio de un compromiso de buena fe del PSOE para un futuro cambio de la ley, que ejecutaría Pablo Casado cuando llegara a la Moncloa.
Buena sintonía
Pero el acuerdo para la renovación del CGPJ no está todavía cerrado. PP y PSOE deben aprovechar por tanto la buena sintonía que parece existir entre Egea y Bolaños para llevar un paso más allá el trato alcanzado en los otros cuatro órganos constitucionales. Abierta la puerta del acuerdo, sería decepcionante que ambos partidos defraudaran las expectativas y volvieran al bloqueo de los tres años precedentes.
EL ESPAÑOL ha insistido en repetidas ocasiones en que el PP debía aceptar renovar el CGPJ sin supeditarlo a un cambio inmediato de la ley, y en que el PSOE debía comprometerse a un cambio legal para dotar de más independencia al Poder Judicial, tal y como piden la Unión Europea, los propios jueces y la misma Constitución.
La fórmula ideada por Egea y Bolaños parece cumplir ambos requisitos. Ambos partidos cederían en cuestiones claves que hace apenas unos meses parecían líneas rojas infranqueables y el hipotético coste electoral provocado por esa cesión, como ocurre siempre que PP y PSOE llegan a un acuerdo en beneficio de la estabilidad institucional y de todos los ciudadanos españoles, se compartiría entre ambos.
Populismos fuera de juego
El anuncio del acuerdo para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, además del posible fin del contencioso en torno al CGPJ, ha pillado a Vox y Podemos con el paso cambiado.
Macarena Olona ha calificado el acuerdo de "traición para España". Santiago Abascal ha dicho que el PP le da "oxígeno" al PSOE. Podemos, por su lado, ha afirmado "formar parte" del pacto, aunque el PP lo ha desmentido recordando que el acuerdo es entre ellos y el PSOE, sin participación alguna de los morados.
El acuerdo entre PP y PSOE debe consolidarse, confirmarse y concretarse lo antes posible. El momento, finalizada la convención del PP, con el Congreso Federal del PSOE a las puertas, y con las elecciones generales muy lejos en el calendario, es el idóneo.
El pacto entre los dos partidos hegemónicos de la política española sería un éxito de la centralidad política y el primero de los pasos que populares y socialistas deben dar para acabar en el futuro con una de las principales lacras de la democracia española: la dependencia parlamentaria de partidos populistas, nacionalistas y extremistas.
