Ni siquiera el plomizo calor de agosto parece amainar el ánimo de confrontación de los viejos representantes del bipartidismo. Sirva de ejemplo la carta que dirigió ayer Pedro Sánchez a la militancia socialista a modo de balance del curso político.

El presidente del Gobierno, lejos de limitarse a esgrimir los logros y cuentas pendientes de su gestión, acusó al PP de "poner en juego las ayudas europeas" y de realizar una oposición "furibunda", "implacable" y "feroz". Hasta el extremo de "paralizar el funcionamiento de las instituciones capitales".

Una clara referencia a la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero también a la del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

La carta abraza un mensaje que no ayuda a acercar posturas. Es cierto que las palabras gruesas no son monopolio de Sánchez. Pablo Casado llegó a definir la última crisis de Gobierno como la "carnicería" de un "psicópata". 

Pero resultan particularmente graves y a todas luces impropias de un presidente del Gobierno. Primero, porque echan más gasolina al fuego de la discordia en un país sediento de acuerdos.

Segundo, porque la fractura da alas a unas formaciones populistas e independentistas de las que los partidos hegemónicos son cada vez más dependientes, como se extrae de la última encuesta elaborada por Sociométrica para EL ESPAÑOL. 

Una lectura que, por otra parte, nos carga de razones para apoyar la recuperación de un actor político que intervenga como factor de moderación.

Renovación urgente

De la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adelantamos en exclusiva se desprende que Pablo Casado, efectivamente, tiene razón. Tiene razón cuando reclama al Gobierno que sean los jueces quienes escojan a los vocales judiciales del CGPJ.

Una cuestión de democracia elemental que acotaría la injerencia política directa e indirecta sobre la institución, y que nos situaría en línea con los estándares europeos reclamados desde Bruselas.

Sin embargo, el líder conservador comete un error de cálculo al exigir la aprobación de una nueva ley como paso previo a la renovación. ¿Por qué no anticiparse y hacer virtud del pragmatismo?

¿Por qué no alcanzar un pacto con la norma vigente para renovar un Consejo que lleva dos años y medio en funciones, y reservar el cambio de ley para la nueva mayoría parlamentaria que le auguran los sondeos?

Y, sea como fuere, ¿qué hay del Constitucional o el Tribunal de Cuentas? ¿Acaso justifica el bloqueo del CGPJ la propagación del desgobierno sobre el resto de órganos caducados? 

Antídoto contra la radicalidad

Publicamos ayer una entrevista donde el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, defendió la utilidad pública de los indultos para reducir los "decibelios" en Cataluña. 

¿Por qué no apostar, también, por bajar los decibelios en el resto del país? 

Resulta evidente que España requiere de una vuelta a la responsabilidad. Una vuelta que, en definitiva, pasa por el regreso a la centralidad. 

En este sentido, y en un escenario de fuego cruzado y adjetivos exagerados, se echa en falta una actitud moderada que propicie la restauración de la serenidad y los pactos.

Un antídoto contra las danzas macabras del populismo y el nacionalismo. Y un discurso, en fin, que haga frente a una deriva política y léxica caracterizada, como demuestra la última carta de Sánchez, por levantar más muros de los que derriba.