Resulta alarmante el último análisis elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Como informamos hoy en EL ESPAÑOL, el centro de investigación y pensamiento del Ministerio de Defensa destaca que el independentismo catalán es una de las principales amenazas para la seguridad nacional. 

Una amenaza derivada de su capacidad para comprometer la "armonía social", e impulsada por la radicalización y el compromiso velado de los gobernantes secesionistas por incrementar la crispación.

En este documento, donde el nacionalismo catalán comparte espacio con Marruecos y el terrorismo islamista, podemos leer que "el brote separatista en las urnas plantea una amenaza constante tensando las relaciones políticas". 

Asimismo, el texto agrega que este escenario "obliga al Estado español, en ocasiones, a ceder en asuntos estratégicos", constatando que "la presión nacionalista mantiene al Ejecutivo en una permanente negociación de su poder y justificación de sus decisiones ante socios nacionalistas aferrados a un radicalismo que rechaza, de por sí, las iniciativas de índole estatal".

Nos encontramos, desde luego, ante unas advertencias que no son un asunto menor, y que deben poner sobre aviso a un Gobierno que en escasas semanas tendrá que lidiar con unas durísimas negociaciones con un Govern echado al monte y sin ánimo de ceder lo más mínimo en sus posiciones.

Amenazas internas

Desde el prestigioso laboratorio de ideas señalan que la herramienta fundamental para evitar que los brotes no se descontrolen pasa por plantear "una estrategia de comunicación" a la altura del desafío. Una estrategia que sea capaz de neutralizar al independentismo poniendo el foco "en las opiniones públicas locales" y defendiendo "la legitimidad del Estado".

¿Podemos deducir, a la luz de los hechos, que el Gobierno ha adoptado una ruta sensata respecto a Cataluña? ¿O tenemos motivos para temer, por el contrario, que se ha embarcado en una deriva nada halagüeña para los intereses de los españoles?

En este periódico cuestionamos la eficacia de los indultos a los presos del procés para alcanzar el resultado pacificador pretendido. También condenamos los ataques dirigidos contra el Tribunal de Cuentas en sintonía con el president Aragonès, que llegó a reclamar al presidente Sánchez que interviniera sobre el órgano fiscalizador.

El Gobierno debe emplear con destreza sus cartas en un juego peligroso que puede irse fácilmente de las manos. Más si cabe cuando enfrente tiene a un oponente que ha sido capaz de imponer dos tableros distintos. Uno de ellos para sus reclamaciones al margen de la legalidad.

Amenazas externas

Tampoco pasa por alto el think tank las implicaciones que tuvo la acogida del líder saharaui Brahim Ghali en nuestro país. Un hecho que propició una respuesta contundente de Marruecos con la entrada masiva de 10.000 personas en Ceuta en apenas 24 horas.

En este sentido, España debe cuidar su relación con un socio clave en asuntos decisivos como la inmigración o la lucha antiterrorista. Sin ceder ante las acometidas del rey Mohammed VI, y sin caer de nuevo en los errores cometidos por la exministra González Laya.

Una lucha antiterrorista, por cierto, donde España tiene que asegurarse de que la Unión Europea y la OTAN no bajan la guardia en regiones como el Sahel, pues "la amenaza del colapso de la seguridad y de la multiplicación de los Estados fallidos supondría una inmensa presión sobre las fronteras españolas".

El Gobierno, en fin, tiene que tomar muy buena nota del informe para no pagar el altísimo precio de la inacción, y actuar con determinación y astucia ante la amenaza que representa el separatismo catalán para la paz social.