Nadie esperaba que el Tribunal Supremo se pronunciara a favor de los indultos a los líderes del procés, pero pocos esperaban un informe tan demoledor para los intereses del Gobierno como el que ha visto la luz este miércoles por la mañana. 

Los argumentos del Supremo, detallados por EL ESPAÑOL aquí, dejan sin oxígeno a Pedro Sánchez. "No hay la más mínima prueba de arrepentimiento" han dicho los seis magistrados del tribunal. También dice el Supremo que las manifestaciones públicas de los condenados "son bien expresivas de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática". 

Dice también el Supremo que los argumentos para el indulto decaen cuando los condenados por sedición "se presentan como presos políticos (…) autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos". 

En su informe, el Supremo recuerda que quiso oír a los condenados y que sólo Jordi Cuixart y Santi Vila se prestaron a ello. “Con su silencio privaron a la Sala de la valoración de los elementos decisivos para respaldar nuestro informe y, lo que es más importante, nos obliga a una interpretación flexible que no vea en esa falta un impedimento formal que sugiera el cierre del expediente”.

El informe del Supremo incluye, también, un aviso a navegantes. "El indulto autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones de los jueces y a vulnerar los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos". 

No son advertencias banales. Frente a ellas, el Gobierno sólo tiene dos opciones. Denegar unos indultos que el Supremo ha demostrado injustificables. O concederlos a costa de poner en peligro principios fundamentales del Estado de derecho. 

Indulto desenfocado

La concesión de los indultos, ha dicho también el Supremo, “desenfoca su sentido porque dibuja una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia por el Tribunal”.

Lo advertíamos en el editorial de ayer: los indultos a los líderes del procés pretenden socavar la separación de poderes y hacer del cumplimiento de las penas una opción que el Gobierno pueda esquivar en función de sus intereses políticos coyunturales.

Habría que preguntarse qué más necesita el Ejecutivo para darse cuenta de la arbitrariedad en la que incurrirá si indulta a Oriol Junqueras y al resto de los condenados. 

El informe del Alto Tribunal, unánime, se une al que emitió la Fiscalía en diciembre y en el que esta se mostraba “totalmente” desfavorable a su otorgamiento con los mismos motivos que los del Supremo: justicia, equidad y utilidad pública.

Que ambos organismos coincidan en sus argumentos es prueba de una realidad inequívoca. La de que la concesión de los indultos sólo puede interpretarse como un pago político del Gobierno a los independentistas. Sánchez prometió “concordia, diálogo y entendimiento”.

El Supremo ha dejado claro que ese entendimiento sólo tiene como objetivo a una pequeña parte de los españoles: los que defienden el golpe de 2017.

Los indultos son incentivos

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que su Gobierno es “la máxima expresión de Cataluña como nación” y ha pedido la amnistía y la autodeterminación. ¿Acaso no es esa la mayor prueba de que el secesionismo no ve los indultos como una oportunidad para el desescalamiento, sino como un incentivo a ir más allá de adonde se llegó en 2017?

Ya que no se ha vulnerado en ningún caso la proporcionalidad de las penas, y al no haber pruebas de arrepentimiento, los indultos no tienen ningún fundamento racional. Más aún cuando, como señala el informe, se ha roto la convivencia “apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”.

Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, ha apuntado que los indultos son “una burla a la democracia”. Incluso el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha admitido que “cuando no hay concordia es difícil de aceptar” la medida del indulto.

El Gobierno se enfrenta a una cuestión de Estado. Debe decidir si quiere defender la democracia o a quienes tienen el objetivo claro e indudable de destruirla. La respuesta debería ser evidente. Más aún a la vista del dictamen del Supremo.