A apenas unas horas del fin del estado de alarma, las comunidades autónomas siguen sin disponer de pautas para la imposición de nuevas restricciones o la prórroga de aquellas que es necesario perpetuar en el tiempo. 

Las discrepancias entre los tribunales superiores de justicia ya han empezado y la disparidad de criterios parece ser la única pauta común a todas sus decisiones.

El actual caos jurídico tiene su origen en la decisión del Gobierno central de cargar a los tribunales de justicia con la responsabilidad de determinar qué restricciones se ajustan a la legalidad y cuáles no una vez finalizado el instrumento jurídico (el estado de alarma) que les daba amparo legal. 

El caso más llamativo es el del País Vasco. El presidente de la comunidad autónoma vasca, Iñigo Urkullu, llevaba semanas advirtiendo al Ejecutivo de que era esencial extender el estado de alarma más allá del 9 de mayo para evitar la judicialización de las medidas adoptadas tras esa fecha. Una opción que el Gobierno rechazó de plano. 

Disparidad de criterios

Este viernes, y como dándole la razón a Urkullu al mismo tiempo que se la niega, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó la posibilidad de que el gobierno regional pueda mantener los confinamientos, el toque de queda nocturno y el límite de cuatro personas en reuniones con el argumento de que esas medidas afectan a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.

En Valencia, en cambio, el Tribunal Superior de Justicia sí ha permitido el toque de queda y la limitación de personas en las reuniones sociales y/o familiares, que ahora pasarán del máximo de seis autorizadas hasta el 9 mayo a la cifra de 8-10.

Lo mismo ha ocurrido en Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la limitación a seis personas de las reuniones sociales y las limitaciones de aforo en los actos religiosos y civiles. 

Similares medidas, con apenas algunas diferencias menores, se han autorizado en Baleares. Madrid ha optado por adoptar medidas que no afectan a derechos fundamentales con el argumento de que perpetuar las actualmente vigentes sería ilegal sin el paraguas del estado de alarma. Canarias, mientras tanto, espera todavía la decisión de su Tribunal Superior de Justicia. 

El Supremo protesta

La manera que el Gobierno ha tenido de delegar la responsabilidad en los tribunales ha sido la aprobación de un real decreto ley que determina que la última palabra corresponde al Tribunal Supremo (TS). El decreto habilita incluso un plazo de cinco días para que el TS resuelva los recursos de casación presentados por las comunidades. 

La decisión ha molestado a algunos jueces del Supremo, que han advertido de que el máximo tribunal es un tribunal de casación, no un simple juzgado de guardia. El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo también ha apuntado en la misma dirección al afirmar que una norma como esta podría ser insuficiente para restringir derechos fundamentales. 

Algo que sólo puede entenderse como una andanada contra un Gobierno que, de nuevo, se ha sacudido de la solapa cualquier posible mota de polvo que pudiera generar la gestión de la pandemia tras el fin del estado de alarma. 

El Ejecutivo, en fin, no ha hecho los deberes y ha vuelto a generar un problema de profundo calado político (y sanitario) por su ya habitual pavor a asumir las responsabilidades más incómodas que acarrea la gestión de una pandemia. Es decir, todas aquellas que no son el reparto de los fondos europeos y la vacunación. 

Mal vamos si la decisión de qué medidas son las más adecuadas para frenar la propagación de una epidemia acaban siendo decididas por los tribunales en función de si estas afectan o no a derechos fundamentales. Porque ese no debería ser, desde luego, el criterio para la adopción de medidas sanitarias. 

España llega al fin del estado de alarma con una incidencia ocho veces superior a la que el Gobierno vaticinó para estas fechas. Un fracaso evidente que el Ejecutivo no puede esquivar poniéndose de perfil y cargándole su responsabilidad al Tribunal Supremo o a los tribunales superiores de cada comunidad. Esto no es serio. Y debería serlo.