El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha sido unánime. El anteproyecto de ley del sí es sí que promueve la ministra de Igualdad, Irene Montero, es un engendro jurídico que ni siquiera logra su objetivo principal, proteger a las víctimas.

A la ministra de Igualdad ni siquiera le queda el consuelo de recurrir al socorrido supuesto sectarismo de los jueces. Porque en contra de su ley han votado tanto consejeros propuestos por el PP, como por el PSOE, el PNV e IU.

La respuesta de Irene Montero acusando a los jueces de "desoír el grito de millones de mujeres" es poco más que una confesión de impotencia. Porque nada desprotege más a las mujeres víctimas de violencia que una ley jurídicamente indefendible y muy probablemente inconstitucional.

Haría bien la ministra, en fin, en replantearse una ley que camina hacia el precipicio de fracaso en fracaso. Porque el problema de su ley no es que defienda una concepción supuestamente vanguardista del feminismo, sino que defiende una concepción del derecho y de las libertades jurídicamente prehistórica.  

La calificación de engendro jurídico no es gratuita. Porque, como dice el CGPJ, la ley Montero invierte la carga de la prueba y obliga a los acusados a probar su inocencia. Esto es lo que en otras épocas menos garantistas se llamaba una probatio diabolica.

En román paladino, una medida digna de un régimen totalitario, no de un Estado de derecho como el español.

Arrinconar la ley 

La respuesta de Podemos al dictamen del CGPJ, como no podía ser de otra manera, ha sido elevar la apuesta. Montero ha dicho en Twitter que el proyecto "será ley". Algo que, a la vista del dictamen, no parece estar ya en sus manos ni en las de sus colaboradores. 

El ala socialista del Gobierno no se ha quedado sin embargo callada. Porque Margarita Robles le ha recomendado a Montero"humildad" para adaptar los textos con "deficiencias jurídicas". 

En puridad, la ley debería haber sido rehecha desde cero cuando el Ministerio de Justicia la calificó de chapucera hace ya un año. Y en esto, la hemeroteca no falla: su redacción casi preescolar demostraba no sólo la parcialidad de la ley (algo intolerable en derecho) sino la ignorancia jurídica de sus autores.

El objetivo de la ley, en un sentido amplio, no es en cualquier caso el problema. Sí lo es su ejecución partidista. Quizá eso explique que ahora Podemos amenace con seguir adelante con la ley Montero, a caballo del falaz argumento de que el del CGPJ es un "informe regresivo". 

Sentido de las leyes

Hay que preguntarse cuándo tienen sentido las leyes y si esta, en concreto, lo tiene a estas alturas de su trayecto. La respuesta directa es que no. Pero, ¿por qué? La promulgación de la ley Irene no tiene como fin acabar con los crímenes machistas. Tampoco regula nuevos escenarios no regulados ya por la vigente Ley integral de violencia de género. Tampoco mejora la protección de la víctima.

Si una norma de este tipo vulnera la presunción de inocencia y no mejora la situación de las víctimas, no hay fundamento alguno para persistir en el intento. 

Carmen Calvo tiene la ocasión de marcar una significativa diferencia con Montero defendiendo la igualdad y un feminismo razonable que concentre apoyos y ayude a las víctimas de la violencia machista.

Ante una posible modificación de la ley vigente o del diseño de una nueva hay tres exigencias mínimas: seguridad jurídica, consenso y utilidad. Para ello, y a pesar de Montero, no valen los eslóganes adolescentes. Sólo un estudio minucioso de la ley por parte de juristas cualificados podría suponer una mejora para las mujeres que sufren violencia de género.

Si queremos seguir dando pasos en la lucha por la igualdad hay que legislar con madurez. Y Podemos, en este punto, está en pañales. Por desconocimiento, por sectarismo y por su escasa capacidad de trabajo.

La opción más sensata sería, en definitiva, quitarle la ley de las manos a Irene Montero. Una ley no es un juguete ni un capricho. Y de esta dependen miles de vidas que no pueden quedar en manos de empecinados sin capacidad de autocrítica.