La nueva entrega de la Macroencuesta 2021 de EL ESPAÑOL ofrece resultados sorprendentes. Según el sondeo de Sociométrica para este diario, el 68,6% de los españoles dice estar dispuesto a vacunarse de forma inmediata, por sólo un 22,3% que dice no estar dispuesto a hacerlo.

Dicho de otra manera, la conciencia de la necesidad de la vacunación es ampliamente mayoritaria en la sociedad española. Al menos, por lo que respecta a uno mismo. 

Los matices llegan con las siguientes preguntas de la encuesta. Porque sólo un 34,9% de los españoles considera que la vacuna debería ser obligatoria, por un 56,1% que considera que no debería serlo.

Cuando se les pregunta a los ciudadanos por una hipotética tarjeta de vacunación que permitiera el acceso a espacios públicos, como el metro o unos grandes almacenes, el 48% de los españoles considera que esta no debería ser necesaria, por un 41% que opina que sí debería serlo. 

No vacunación legítima

La opción de no vacunarse es legítima y es harto dudoso que un Estado pueda arrogarse la libertad de imponer a los ciudadanos la obligación de introducir en su cuerpo preparados que, por las razones que sean, estos consideran innecesarios o sospechan letales por no se sabe bien qué contubernio de los gobiernos y las empresas farmacéuticas.

Pero todos los derechos conllevan responsabilidades y la libertad de no vacunarse no es una excepción a la regla. La decisión de no vacunarse tiene consecuencias potencialmente letales para otros ciudadanos y debe ser equilibrada estableciendo mecanismos que aseguren que los antivacunas no se convierten en un peligro para sus compatriotas. 

Y ese mecanismo es la tarjeta de vacunación. Una tarjeta de vacunación que no sería necesaria para disfrutar de los espacios abiertos o que no impliquen mayor riesgo de contagio, pero sí en aquellos que si lo impliquen: oficinas, locales comerciales, medios de transporte público, locales de ocio y hospitales, por ejemplo. 

Tabaco no, virus sí

Es rocambolesco, por ejemplo, considerar innegociable la libertad de no respirar el humo del tabaco ajeno, hasta el punto de obligar por ley a los fumadores a disfrutar del tabaco en espacios abiertos, y aceptar al mismo tiempo que alguien que ha rechazado vacunarse contra un virus que ha matado a 1.840.000 personas en todo el planeta comparta espacios cerrados con ciudadanos que sí lo han hecho.

Recordemos que el hecho de haberse vacunado no impide que alguien se convierta en posible foco de contagio si es infectado por alguien que no lo ha hecho. Especialmente si el vacunado sólo ha recibido la primera dosis de la vacuna. 

El abogado experto en Derecho Sanitario Ricardo de Lorenzo sostiene que los sanitarios tienen derecho a no vacunarse. Pero "si un paciente sufre un daño como consecuencia de un contagio por una falta de vacunación del profesional sanitario, existe un supuesto de responsabilidad de la Administración". Y eso porque el derecho a la salud pública prevalece sobre el derecho de sanitario a no vacunarse.

Ricardo de Lorenzo argumenta, incluso, que la Administración podría, como ocurre en los Estados Unidos, obligar a los sanitarios a vacunarse en defensa de "la salud colectiva". Allí, la vacunación es obligatoria incluso para poder seguir determinados itinerarios educativos.

Los médicos y enfermeras son piezas clave del sistema sanitario y el riesgo de que se conviertan en focos de contagio es lo suficientemente alto como para no dejar al azar las posibles consecuencias de su negativa a vacunarse. Por no hablar del pésimo ejemplo que transmiten a la sociedad cuando deciden no hacerlo. 

Libertad y responsabilidad

Una correcta comprensión del principio de la libertad personal implica la asunción de las responsabilidades que se derivan del ejercicio de esa libertad.

Si esas consecuencias –en este caso, la de no compartir espacios de riesgo con otros ciudadanos– son rechazadas en nombre de no se sabe bien qué principio mal entendido, se está negando la libertad de otros ciudadanos a circular libremente sin asumir más riesgos de los estrictamente necesarios. 

No existe en las democracias modernas un derecho abstracto a la ignorancia científica que convierta al ciudadano en una excepción a las reglas sanitarias que se aplican al resto de sus compatriotas. No vacunarse es legítimo, pero entonces también lo es garantizar la distancia social del antivacunas respecto al resto de sus ciudadanos. 

Y esa distancia se llama tarjeta de vacunación.