Durante tanto tiempo se ha hablado del riesgo de venezuelización de España por la presencia en el Gobierno de un partido admirador de la obra de Hugo Chávez, que un segundo riesgo ha acabado pasando desapercibido bajo el radar de los organismos, las instituciones y los medios de comunicación que fiscalizan la acción del poder en España.

Es el riesgo de argentinización de la sociedad española. De eso que en Argentina se conoce como peronismo sociológico y que Podemos está intentando traducir a la realidad española bajo la bandera de una tesis tan demagoga como peligrosa para la economía nacional y para cientos de miles de pequeños propietarios.

Es la tesis de que determinados servicios básicos, y entre ellos la vivienda, deberían ser gratuitos para todos aquellos que las Administraciones españolas califiquen como vulnerables. De momento, con la excusa de la crisis económica generada por la epidemia. Pero, una vez superada esta, ¿qué gobierno se atreverá a asumir el coste electoral de derogar unas medidas que consagran el gratis total para decenas de miles de familias españolas? Especialmente si a ese riesgo electoral se suma el de una posible ruptura de la coalición de gobierno. 

Como explica hoy EL ESPAÑOL, Pablo Iglesias está apretando las tuercas a los ministros socialistas para imponer una agenda social muy similar a la de diversos países latinoamericanos. Concretamente, a la que rige en aquellos agrupados en torno al Foro de Sao Paulo y a los que Podemos se ha declarado afín en multitud de ocasiones.

Esta realidad, más que un tópico, es la dialéctica que protagoniza los Consejos de Ministros y las maneras, inéditas, con las que funciona un Ejecutivo en el que un día se pretenden prohibir los desahucios y trasladar el coste de los impagos al propietario, al siguiente aumentar el salario mínimo sin consensuar la medida con sindicatos y CEOE, y al siguiente prohibir los cortes de luz, agua y gas en medio de una batalla pública entre los ministros del PSOE y los de Podemos. 

Batalla ministerial

Conviene recordar que esta medida –prohibición del corte de suministros básicos– estuvo vigente desde el primer confinamiento hasta el 30 de septiembre y que ha sido el anuncio de María Jesús Montero de que esta prestación podría ampliarse el que ha encendido las alarmas de la formación populista. Precisamente es el futurible –"podría"– lo que ha enervado a Podemos y lo que ha vuelto a poner sobre el tapete la batalla decisiva en el seno del Ejecutivo: la que libran Pablo Iglesias y Nadia Calviño.

Pero no sólo se trata de los suministros básicos. También hay otra brecha abierta entre Podemos y José Luis Ábalos, ministro de Vivienda, a cuenta de la prohibición de los desahucios y de las medidas que compensarían a los propietarios en caso de impago de los inquilinos. Medidas que Podemos se niega a aceptar y que demuestran que su interés no es tanto el de asegurar un techo para los españoles más vulnerables como castigar a los propietarios utilizando como ariete a los primeros. 

En el fondo, todas estas discrepancias ponen sobre la mesa la voluntad de los populistas de argentinizar España. Esto es, emplear toda la batería de medidas sociales posibles para consagrar un principio que la ministra Irene Montero calcó del peronismo: apostar por el impago (default) para salir de la crisis. Sobre este asunto sobrevuela además la reciente advertencia del FMI respecto a la desprotección de los propietarios.

Huelga decir que el presidente argentino, el peronista Alberto Fernández, es el único mandatario internacional que ha prohibido los desahucios y las subidas de alquiler durante la epidemia. 

Tiempos revueltos

Al margen de que estas medidas acarrean males que van desde la enajenación de la propiedad privada a la inseguridad jurídica de los más vulnerables, no es buen ejemplo el modelo argentino, el país con una mayor caída del PIB según la OCDE por la crisis del coronavirus, y que ha padecido un confinamiento larguísimo. 

En última instancia, Podemos trata de implantar, aunque sea quimérico, el mal mental y sociológico que ha llevado a Argentina a la coyuntura en la que se encuentra actualmente: la conciencia ciudadana de que existe un derecho inexistente, auspiciado por la clase política, a no pagar por los servicios básicos.

La historia demuestra que este camino sólo conduce al desabastecimiento, primero, y a la cronificación de una crisis estructural, después. Es en este contexto donde el Gobierno debe decidir si sus referentes son países de la UE como Alemania, Francia, Holanda o Suecia, o la Argentina peronista.