Quim Torra ha decidido politizar el coronavirus y esconder, bajo el desafío a la legalidad, su pésima gestión sanitaria. La sucesión de los hechos es elocuente: si este fin de semana la Generalitat anunciaba el confinamiento de Lérida, la juez de instrucción correspondiente lo paralizaba por la conculcación de derechos fundamentales. Ante este revés, Torra volvía a optar por la desobediencia y amenazaba con la aprobación de un decreto autonómico de más que dudoso encaje legal.
La realidad es que Torra ha sido desbordado por el coronavirus. Varios acontecimientos lo prueban. El primero es que el brote de Lérida se haya desbocado sin que mediaran estrategias para frenar el contagio; el segundo es que él y su Gobierno hayan obrado sin respeto siquiera a sus propias normas que estipulan que el confinamiento únicamente puede aplicarse cuando la transmisión del virus sea extrema -700 contagios por 100.000 habitantes- y, de momento, en Lérida no se superan los 300.
Gabinete Jurídico
Resulta significativo que, en todo este episodio, Torra no haya solicitado el informe preceptivo de los letrados del Gabinete Jurídico de la Generalitat y que haya evitado la posibilidad constitucional de solicitar al Estado medidas excepcionales en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
Lejos de eso, ha optado por la afrenta más burda a la legalidad mientras crece el descontento ciudadano, con manifestaciones en Lérida y las zonas afectadas contra un presidente sobrepasado por las circunstancias.
Fuera de la ley
En realidad, como revelan hoy a EL ESPAÑOL juristas consultados, en la posición del Govern no hay un criterio sanitario, pues a la vista está que la legislación española dispone de medidas excepcionales que Torra ha omitido para seguir alimentando el juego de la Cataluña soberana que no se atiene a leyes y jueces españoles.
Con su imprudencia y por meras razones políticas, Torra trata de hacer a los catalanes rehenes dobles: del virus y de su inoperancia. En circunstancias tan graves es del todo descorazonador que haya que recordarle una obviedad: nadie puede actuar fuera de la ley.
