Coincidiendo con el juramento de los nuevos ministros, Pedro Sánchez anunció este lunes que Dolores Delgado será la nueva fiscal general del Estado. Plasmaba así su convencimiento de que el Ministerio Público "depende" del Gobierno, como dijo a RNE en vísperas de las elecciones. "Pues eso", remató.  

El único -y terrible- precedente de un ministro que pasa del Gobierno a encabezar la Fiscalía hay que buscarlo 34 años atrás, cuando Felipe González nombró a Javier Moscoso. Al frente de la Fiscalía, Moscoso instó a la Justicia a no oponerse a la libertad provisional de Amedo y Domínguez. También dio validez a las llamadas cartas portuguesas, escritas por mercenarios lusos en un claro montaje para exculpar a los organizadores de los GAL. 

Las cloacas

En el caso de Dolores Delgado el asunto es aún más llamativo. González se atrevió a dar ese paso envalentonado por su mayoría absoluta, mientras que Sánchez lo da con un gobierno de coalición y precario. Además, Moscoso pasaba del Ministerio de  Presidencia a la Fiscalía, mientras que Delgado lo hace directamente desde el Ministerio de Justicia, dando así la razón a quienes denuncian la falta de separación de poderes.

Las principales asociaciones de juristas han arremetido contra este nombramiento. Hasta en Podemos se han mordido la lengua, pero basta recordar que Pablo Iglesias vinculó a Delgado con las cloacas del Estado por su relación con Villarejo y exigió su dimisión.   

Gesto a ERC

Hay modelos en los que el Fiscal general (Attorney General en Estados Unidos) es un ministro más en el que recaen todas las competencias de Justicia. No es el caso de nuestro país, donde la Fiscalía ha de regirse por el criterio de independencia y autonomía, aunque su nombramiento lo realice el Parlamento a propuesta del Gobierno. Un Parlamento, por cierto, que reprobó hasta en tres ocasiones a Delgado.

La decisión de Sánchez, que muchos interpretan como un gesto hacia Esquerra Republicana, salpica el prestigio de la Fiscalía, que en el juicio del procés mantuvo su independencia frente a una Abogacía del Estado a la que el Gobierno obligó a cambiar su criterio rebajando la calificación penal de los hechos de rebelión a sedición. 

Sánchez quedará muy marcado si Dolores Delgado promueve desde su nuevo ministerio una Justicia al gusto del separatismo. Pero ya se ha dejado jirones de credibilidad con esta designación.