Como una farsa hay que definir el subterfugio legal utilizado por el Gobierno para solicitar la pena mínima a Oriol Junqueras, reduciéndola a 12 años de cárcel. El Ejecutivo ha impuesto su criterio a la Abogacía General del Estado para acusar al ex vicepresidente sólo de sedición. Una pena que es menos de la mitad de lo que reclama la Fiscalía que lo considera, en efecto, responsable de un delito de rebelión.

Todo esto resulta más grave aún si se analizan en profundidad los 58 folios del escrito de la Abogacía del Estado respecto al golpe separatista. En ningún momento se menciona ni la palabra "violencia" ni la palabra "heridos", construyendo así un relato que modifica la realidad de lo ocurrido de forma flagrante. 

Ficción jurídica

El informe minimiza lo que fue un intento de quiebra del orden constitucional y reduce el procés a meros altercados, en lo que supone el enésimo intento de contentar al separatismo. Lo hace a costa de crear una ficción jurídica. 

Que Fiscalía y Abogacía del Estado, que en última instancia dependen del Ejecutivo, tengan argumentos divergentes en un asunto trascendental, transmite una gran sensación de caos y desconcierto. Llama la atención, igualmente, que la propia Abogacía del Estado contradiga las manifestaciones que hizo Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa, cuando calificaba el golpe en Cataluña como "rebelión". 

Trueque político

A la vista de los hechos, no hay duda de que el Ejecutivo emplea este proceso penal  como un elemento de trueque y de mercadeo político con los independentistas, a los que necesita para mantenerse. Ahí hay que buscar la explicación de la trampa de presentar la malversación como un delito meramente instrumental de la sedición, con la evidente rebaja de la pena que esto representa para los encausados. 

Pedro Sánchez no tiene reparos en contradecirse las veces que haga falta ni en intentar alterar la Justicia para acomodarla a su conveniencia. Y ello aunque para el nacionalismo, insaciable, sus regalos nunca sean suficientes. La actuación del Gobierno le deja muy marcado para millones de ciudadanos que no entenderán su actitud claudicante con quienes atacaron la soberanía nacional y la unidad de España.