El auto de la juez que eleva al Supremo la investigación del máster de Pablo Casado por presuntos delitos de "cooperación en prevaricación" y "cohecho impropio" deja a este en una situación de vulnerabilidad. Y lo hace justo en un momento crucial de la vida política española. 

A la vuelta del verano esperan la Diada, el aniversario del 1-O, la convención ideológica de los populares, el inicio del juicio a los cabecillas del procés... El calendario es tan exigente que el líder del PP debería procurar liberarse de la carga de sospechas para afrontar en condiciones el otoño.

Conclusiones discutibles

Ahora bien, la exposición de motivos con los que la juez da traslado del caso al Supremo se antoja más razonada que razonable. La magistrada, por ejemplo, da por hecho que lo que podría ser una decisión discrecional de un profesor -dar un aprobado a un alumno- encierra en sí misma una prevaricación administrativa. Es más, colige que el alumno -Casado en este caso- sería un colaborador necesario. Son dos conclusiones muy discutibles.

Por otra parte, imputar "cohecho impropio" equivale a entrar en la motivación del director del Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, Álvarez Conde, para regalarle el título a Casado. ¿Lo hizo en función del cargo, cuando el hoy presidente del PP era un simple diputado de a pie? ¿Y a cambio de qué se lo obsequió? Son preguntas que ponen en duda la interpretación de la instructora.

Problema de credibilidad

Además, la juez también habla de "un grupo escogido de alumnos" como beneficiarios de unas supuestas prácticas corruptas. Sin embargo no hay una gran homegeneidad entre los investigados, pues aunque es cierto que todos tenían vínculos con el PP, el único diputado era Casado. 

Los estándares de vigilancia de la corrupción se han incrementado en los últimos tiempos y nos parece bien que así sea. Por ello, aunque desde el punto de vista penal el asunto no parece que tenga demasiado recorrido, es cierto que a Casado le genera un problema de credibilidad. Desde ahí que el líder del PP debería ser el primer interesado en aportar todos los datos para esclarecer los hechos, empezando por entregar el ordenador en el que asegura que hizo los trabajos y que la juez ha aconsejado peritar.