El anuncio del fin de ETA de este viernes ha estado a la altura de lo que cabía esperar: ninguna. De entrada, los autodenominados mediadores lamentaron que las víctimas del terrorismo no estuvieran presentes en esa mascarada y, como estaba cantado, alzaron la voz en favor de los presos: "Todavía tenemos muchos presos... es importante trabajar juntos para encontrar una solución a toda esta situación", dijo Brian Currin.

Es evidente que ETA trata de pasar su última factura al Estado, y que ha encontrado aliados en su propósito. Por la tarde, en una declaración institucional, Urkullu y Uxue Barkos pidieron ya  la creación de un grupo de trabajo sobre política penitenciaria para que los gobiernos vasco, navarro y español avancen hacia el fin de la dispersión.

Pacto Antiterrorista

También Rajoy hizo una declaración institucional en la que, tras asegurar que nada hay que agradecer a ETA y que las condenas "se seguirán cumpliendo", anunció la próxima convocatoria del Pacto Antiterrorista. Sin embargo, no deja de ser llamativo que la primera medida del Ejecutivo tras la disolución oficial de ETA sea la de montar una reunión para analizar la situación resultante, que es, paradójicamente, la de la ausencia de terrorismo.

Si tenemos en cuenta que Urkullu acaba de confesar que el presidente del Gobierno es "sensible" a un cambio en la política de los reclusos, y que PSOE y Podemos ya han manifestado que ven con buenos ojos el final de la dispersión, todo indica que Rajoy pretende utilizarles como coartada para dar un paso en ese sentido con el menor coste político.

¿La última victoria?

Está claro que la desaparición formal de ETA era un paso indispensable antes de plantear un posible cambio en la política penitenciaria y que es un asunto que cabe tratar. Pero ahí tiene razón Ciudadanos cuando exige como condición previa la colaboración de los reos con la Justicia, pues tienen en su mano aún el poder ayudar a esclarecer múltiples atentados sin resolver.

Lo peor que podría hacer el Gobierno es un gesto en favor de  los etarras encarcelados que pueda parecer la consecuencia inmediata al anuncio de su disolución. El fin de ETA no puede tener premio, en primer lugar porque no la cierran sus miembros, la ha derrotado el Estado, y por tanto nada hay que agradecer. Pero, sobre todo, porque hacerlo significaría entregar una última victoria a los terroristas.