El inicio del juicio por la paliza a dos guardias civiles y sus novias en las fiestas patronales de Alsasua (Navarra) de 2016 ha sido precedida por una campaña encaminada a victimizar a los ocho agresores imputados y presentar a los agredidos como la parte más perjudicada en una simple pelea de bar.

Con esta versión de los hechos, que secundan el entorno proetarra, el Gobierno navarro, el Gobierno vasco y Podemos, se pretende condicionar a los jueces que deben dirimir si el ataque de Alsasua fue un acto terrorista y si los acusados, para los que la Fiscalía pide penas de hasta 60 años, deben por tanto ser condenados como tales.

¿Ensañamiento judicial?

El varapalo que ha supuesto la negativa del tribunal de Schleswig-Holstein a entregar a España a Puigdemont, las condenas a raperos por delitos de enaltecimiento del terrorismo y el hecho de que siete de los acusados estén en prisión provisional desde noviembre de 2016 contribuyen a conformar un clima de opinión propicio a ver a “los muchachos de Alsasua” -como les denominan sus valedores- como las auténticas víctimas del sistema judicial de un Estado autoritario que sobreactúa. Es más, en correspondencia con esta tesis, los dos agredidos serían la coartada de un ensañamiento judicial contra los jóvenes.

Sólo a los jueces corresponde decidir, de acuerdo con las leyes vigentes y las circunstancias del caso, si los linchadores deben responder por lesiones y amenazas terroristas o por otros delitos, y si las penas que solicita el Ministerio Público son o no proporcionadas. Pero reducir este caso a una pelea entre borrachos es una ignominia sólo sostenible desde el más absoluto cinismo.

Hostigamiento premeditado

Los agentes y sus parejas fueron golpeados salvajemente por el hecho de formar parte de los cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo con una estrategia de hostigamiento contra guardias civiles, policías y jueces promovida por ETA y su entorno con la intención de que abandonen el País Vasco.

Los terroristas dejaron de atentar en 2011, pero el mundo abertzale no ha renunciado a esa estrategia de intimidación y acoso violento, en el que se enmarcan los sucesos de Alsasua. No sólo los asesinatos merecen el calificativo y las consecuencias penales de los actos terroristas. Y lo que no tiene un pase es pretender presentar a los agentes apaleados como verdugos; eso es un insulto a la verdad que algunos parecen estar dispuestos a defender.