El acuerdo de investidura al que parecen apuntar Junts per Catalunya y ERC pasaría por rendir pleitesía a Puigdemont y entronizarlo simbólicamente en Bruselas. Algo así no tendría otro valor que el propagandístico. Carecería, por tanto, de legitimidad. Pero precisamente por tratarse de una farsa y de una teatralización sin validez jurídica sería un acto difícilmente impugnable en los tribunales.

Ahora bien, si ese acuerdo diera pie a que los separatistas acabaran invistiendo a un candidato de paja en el Parlament para formar un gobierno títere, dependiente de la corte de Puigdemont en Bélgica, estaríamos ante algo políticamente inaceptable. Esa parece ser la intención: crear un Ejecutivo dirigido por Puigdemont en la distancia, a quien los consellers acudirían a consultar regularmente las decisiones.

La extensión del 155

Dado que se trata de un escenario probable, Rajoy debería preparar una respuesta, que tendría que coordinar necesariamente con PSOE y Ciudadanos. Esa respuesta pasaría por extender y endurecer la aplicación del artículo 155. 

Es posible, sin embargo, que la imagen de un Puigdemont dirigiendo durante años la Generalitat en el exilio no acabe dándose nunca. Y es que, tal y como desvela hoy EL ESPAÑOL, el juez del Supremo Pablo Llarena planea reactivar la euroorden contra el expresidente dentro de dos meses, una vez que haya reunido los suficientes elementos incriminatorios que hagan difícil a la Justicia belga rechazar la extradición. 

Pruebas contra Puigdemont

Los informes de la Guardia Civil sobre el procés han permitido ir cerrando el círculo sobre el expresidente catalán, apuntalando los indicios de rebelión y malversación de caudales públicos. En ese sentido, Crónica Global, nuestro medio asociado en Cataluña, publica hoy que los agentes han reunido pruebas que demostrarían que Puigdemont supervisó los contratos ilegales del 1-0 hasta el último detalle.

La negativa de los independentistas a volver a la legalidad, o en el mejor de los casos a tratar de burlarla para seguir desafiando al Estado, no puede perpetuarse. El Gobierno, el Parlamento y la Justicia tienen que poner todo de su mano para acabar cuanto antes con esta situación. El 155 y la euroorden son instrumentos válidos para destronar a Puigdemont .