Las candidaturas que encabezan el fugitivo Carles Puigdemont -Junts per Catalunya- y el imputado en prisión Oriol Junqueras -ERC- han cerrado un acuerdo programático en el que se obvia toda mención a su proyecto de ruptura unilateral con el propósito de hacer olvidar a los nacionalistas no independentistas -y a posibles compañeros de viaje- que su determinación y su radicalidad son indeclinables.

El repaso somero de los planteamientos de este pacto -del que ya hay cerrado un borrador- no deja lugar a dudas de que los dos partidos hegemónicos del nacionalismo, el PDeCAT y ERC, siguen teniendo como objetivos la secesión de Cataluña, la humillación del Estado y la impunidad. Por eso, a cambio de dejar a un lado la unilateralidad, Puigdemont y Junqueras piden nada menos que la derogación del 155; la mediación de la comunidad internacional en una mesa de negociación bilateral con el Estado; la amnistía de los secesionistas en prisión; el final de los procesos pendientes; y la retirada de territorio catalán de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército: sus odiadas "fuerzas de ocupación".

Factura inasumible

El precio a pagar por la supuesta renuncia del independentismo a la unilateralidad resultaría tan inasumible y denigrante para el conjunto de los españoles que semeja más la carta de un secuestro que una propuesta política a tener en cuenta. Lo que pretenden Puigdemont y Junqueras es, en definitiva, la abdicación del Estado y que el Gobierno les ayude a conseguir por las buenas lo que no lograron a la tremenda con su DUI.

ERC y el PDeCAT han sido incapaces de convivir e incluso de gestionar con mínima solvencia la Generalitat durante sus años de cohabitación, pero ahora aparcan sus profundas desavenencias para intentar consumar el golpe mediante una estrategia más sibilina. Es preciso que, antes del 21-D, los catalanes sean conscientes de lo que hay, para lo que es imprescindible que todos los partidos aclaren si estarían dispuestos a negociar estas condiciones.

Disfrazados de cordero

En democracia se puede defender cualquier idea y planteamiento desde la legalidad: incluso la independencia. Pero que quienes han fracturado Cataluña y generado una crisis institucional sin precedentes se permitan el lujo de mantener un planteamiento de máximos, en lugar de pedir perdón, someterse a las leyes y renunciar a romper España, es una prueba palmaria de que el lobo separatista no dudará en disfrazarse de cordero para intentar acabar con el rebaño sin contratiempos.

Sin una renuncia explícita y definitiva a los intentos de romper la convivencia en Cataluña, cualquier amago de paso atrás por parte del secesionismo es sólo una treta para tomar impulso.