Si la proposición de ley de Ciudadanos para la creación de un cuerpo de inspectores específico contra el adoctrinamiento en las aulas parecía condenada al fracaso desde el principio, pues ningún partido o Gobierno se ha atrevido nunca a intentar privar al nacionalismo de su principal arma propagandística, la precampaña catalana ha permitido además visualizar hasta qué punto éste sigue siendo un tema tabú.

El debate sobre esta cuestión, este martes en el Congreso, se saldó con la lapidación parlamentaria de Albert Rivera por comprometer a todos los partidos a retratarse sobre un problema que se ha visualizado con crudeza durante el procés, como ponen de manifiesto las denuncias de padres y madres contra maestros que han movilizado a los niños a favor de la independencia, que han difamado a los cuerpos de seguridad del Estado en clase y que han señalado y marginado a los hijos de guardias civiles y policías.

Insultos a Rivera

Y lo peor es que los ataques contra Rivera no sólo llegaron desde partidos separatistas o condescendientes con su causa, sino también desde las formaciones constitucionalistas. ERC acusó al líder de Cs de querer instaurar un “gran hermano” para vigilar a los colegios y a los inspectores. El PDeCAT le llamó “caradura” porque él se educó en Cataluña. El PSOE le reprochó que vaya “contra las competencias” de las Comunidades Autónomas. E incluso el PP lo tachó de “oportunista” pese a que votará a favor de la iniciativa el próximo jueves.

Con todo, quien más lejos llegó en sus invectivas fue Unidos Podemos: “Parecen ustedes -espetó el diputado Joan Mena- gorrinos peleando en una charca de barro por algo tan miserable como las mentiras sobre el adoctrinamiento”. En fin, palabras gruesas que descalifican a quien las profiere y que en ningún caso pueden servir para desviar la atención de un fenómeno que no es anecdótico en Cataluña.

Asunto de Estado

El adoctrinamiento sin escrúpulos y la falsificación de la historia desde los medios públicos y en la escuela han sido y son el principal ariete del independentismo contra la unidad de España y contra la convivencia. Así pues, poner fin a esta lacra, contra la que no mueve un dedo la Alta Inspección Educativa, debe considerarse un asunto de Estado.

El respeto debido al trabajo docente no puede servir de excusa para no abordar de una vez por todas el problema. La lamentable y perentoria realidad en los colegios catalanes es que la inmersión lingüística no sólo ha servido para marginar la enseñanza del castellano, contraviniendo las leyes y a los tribunales, sino que ha sido el caballo de Troya del adoctrinamiento en las aulas y ha dado pie a que profesores desaprensivos hagan proselitismo de la ruptura y eduquen en el odio a España.